Las secuelas del Covid-19 se hicieron sentir en la política

El sábado 14 de marzo del 2020, el go­bierno domini­cano encabe­zado por Danilo Medina, anunciaba que el país im­plementaría serias medi­das para impedir el brote de coronavirus (Covid-19) a partir del lunes 16. Den­tro de las medidas estaban el cierre de las fronteras, la prohibición de vuelos y la cancelación de las activida­des públicas.

Entre el día de la aplica­ción de las medidas y el día de su anuncio, estaba en me­dio el domingo 15 de marzo, fecha en la cual se celebraron las elecciones municipales ex­traordinarias y aunque el Po­der Ejecutivo recibió “la apro­bación” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para celebrar los comicios, la población mostraba el páni­co que tenía por la presencia de personas infectadas con el Covid-19, la pandemia que llevaba apenas dos semanas presente en el país en ese mo­mento.

Sin embargo, muchas co­rrientes opinaban que la me­jor opción hubiera sido que el torneo electoral no fuese ce­lebrado pero aún con la re­saca de la suspensión de las elecciones de febrero por el fallo del voto automatizado que provocó protestas mul­titudinarias en la Plaza de la Bandera, la palpable crisis electoral y los comicios pre­sidenciales y legislativos pau­tados a celebrarse en el mes de mayo, el sentimiento de que estas fueran “imposter­gables” y debían hacerse “sí o sí” rondaba entre las auto­ridades dominicanas.

Las elecciones presidencia­les no fueron en mayo por pri­mera vez en medio siglo.

A pesar de que luego de los comicios municipales, los re­portes de contagios diarios de Covid-19 aumentaban con el pasar de los días, la Junta Central Electoral (JCE) conti­nuó su empeño en celebrar las elecciones presidenciales el do­mingo 17 de mayo, como esta­blece la Constitución.

Mientras se adentraban en las últimas semanas de marzo y las primeras de abril, el reloj para montar las elecciones se agotaba y la pandemia conti­nuaba golpeando el país, va­rios partidos políticos comen­zaban a sugerirle a la JCE que se debería aplazar los comicios.

No fue hasta el lunes 13 de abril que el pleno de la Jun­ta decidió mediante la Reso­lución 42-2020 posponer “a causa de fuerza mayor”, y por la emergencia sanitaria provo­cada por el Covid-19 en el país las elecciones ordinarias gene­rales Presidenciales y Congre­suales y movidas al domingo 5 de julio.

Esos comicios fueron mar­cados como las primeras elec­ciones generales presidencia­les que se celebraron fuera del mes de mayo desde el primero de junio de 1966, cuando Joa­quín Balaguer resultó ganador de ese torneo electoral, el pri­mero luego de la Guerra Civil de 1965.

Gran abstención electoral

A pesar de ser movidas pa­ra el mes de julio, las elec­ciones fueron celebradas en el medio de la pandemia, lo que llevó al órgano electoral a establecer un protocolo es­pecial para tratar de prevenir el contagio de coronavirus. En los colegios electorales había alcohol antibacterial, además de que se limitó el número de personas que po­dían estar dentro de los re­cintos.

El entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, instó a una “parti­cipación masiva de los ciuda­danos para los comicios pre­sidenciales” y llamó a que “nadie se quede en su casa”.

También expresó que los vo­tantes podrían asistir a sus res­pectivos colegios con mascari­llas, afirmando que se cumplirá con distanciamiento social, y añadió que en los recintos, los electores podrán desinfectarse las manos. A pesar de ese lla­mado, en esos comicios presi­denciales se registró la más al­ta abstención desde el fin de la dictadura de Trujillo en 1961.

A las urnas estaban con­vocados 7,529,932 electores, casi medio millón de ellos en el extranjero, de los cuales votaron 4.163.275, es decir, el 55,29 % del padrón, por lo que la abstención fue de 44,71 %. Desde la redemo­cratización del país, la absten­ción más alta antes del 2020 se dio en 1990, con el 40 %, y desde entonces había oscila­do entre el 20 % y el 31 %, ci­fra registrada en el 2016.

Enfrentamientos

Para establecer las medi­das preventivas ante el Co­vid-19, el gobierno necesi­taba instaurar un Estado de Emergencia, el cual resultó ser un tema de debates y de enfrentamientos en la Cá­mara de Diputados.

Dentro de la cámara ba­ja del Congreso Nacional, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Alfredo Pache­co y Faride Raful a la cabe­za, alegaban que la imple­mentación de los estados de excepción en plena campa­ña electoral eran utilizados “para el propio beneficio del candidato oficialista”.

El entonces partido de opositor se quejó de que solo Gonzalo Castillo, quien se ca­racterizó durante los prime­ros días de la pandemia de realizar varias ayudas huma­nitarias, podía hacer campa­ña política mientras todos los demás no podían hacerlo de­bido a la implementación de las medidas especiales.

Reducción de los recursos

La pandemia, además de una crisis sanitaria, provocó una crisis económica, lo que llevó al presidente Abinader a pre­sentar la propuesta de reducir a la mitad los recursos que le entrega el Estado a los parti­dos políticos y utilizar los mis­mos para la construcción de una extensión de la Universi­dad Autónoma de Santo Do­mingo (UASD) en Santo Do­mingo Este.

Para este año, el Po­der Ejecutivo dispuso ini­cialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser repartidos entre los par­tidos políticos. Sin embargo, de acuerdo con el presupues­to general del Estado solo se destinarán RD$630,200,000 a las organizaciones políti­cas, mientras que la otra mi­tad aparece con la categoría de “no aplicar”.

Ayer, el gobierno dio mar­cha atrás y el ministro Admi­nistrativo, José Ignacio Pali­za, anunció que se entregará los RD$1,200 millones a la JCE que corresponden a los partidos políticos.

Solo dos mayoritarios

La Ley 33-2018 sobre par­tidos, agrupaciones y movi­mientos políticos, establece que el 80% de los recursos asignados por el Poder Eje­cutivo para ser repartidos entre los partidos políticos será redistribuido en par­tes iguales entre los partidos que sobrepasen el 5% de vo­tación en la última elección.

De acuerdo el reglamento 01-2021 de la JCE que esta­blece que solo el PRM y el PLD quedaron designados como partidos mayoritarios, mien­tras que la Fuerza del Pueblo quedó como partido minori­tario al alcanzar un 4.54%, en combinación con los dos nive­les electorales que fueron dis­putados en la última elección del cinco de julio, congresual y presidencial.

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El danilismo disfra­zado de renovación

En esas elecciones, Luis Abinader resul­tó ganador con casi un 53% dejando al Par­tido de la Liberación Dominicana (PLD) en alrededor de un 34% en el nivel presiden­cial. Eso sumado a que perdieron la mayoría de las senadurías y al­caldías, llevó al expar­tido oficialista a cele­brar un congreso in­terno por primera vez en 16 años.

Bajo el concepto de “renovarse”, el PLD organizó el IX Con­greso Interno Joa­quín Bido Medina y en los comicios para decidir las 110 posi­ciones vacantes del Comité Central de ese partido, fueron varios los exfuncio­narios del pasado go­bierno de Danilo Me­dina que resultaron electos.