La Procuraduría va tras múltiples casos de desfalco en el aparato del Estado

La residencia donde vive Julio César Correa fue objeto de un allanamiento en el que los fiscales buscaban vínculos con Juan Alexis Medina, imputado por cargos de corrupción.

La residencia donde vive Julio César Correa fue objeto de un allanamiento en el que los fiscales buscaban vínculos con Juan Alexis Medina, imputado por cargos de corrupción.

La Procuraduría General de la República informó ayer que sus órganos investigativos han encontrado múltiples casos de corrupción administrativa, vinculados entre sí por la participación de exfuncionarios que supuestamente operaban al mismo tiempo en distintas redes del crimen organizado dedicadas a estafar al Estado y a todos los contribuyentes.

El órgano investigativo expresó que trabaja “sin descanso en los procesos de investigación para recuperar los bienes sustraídos al Estado y procesar a los responsables de operar en redes de corrupción que se formaron para distraer el patrimonio estatal, mediante modalidades criminales como estafa, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos y lavado de activos”.

La institución apeló al buen entendimiento de los ciudadanos interesados en conocer mayores detalles, debido a que, siguiendo los límites procesales, abundará más adelante sobre las investigaciones que realiza. Recordó que sus diligencias deben ser protegidas para lograr la estructuración de expedientes robustos que puedan facilitar el trabajo de los jueces y lograr el objetivo ciudadano de castigar la corrupción administrativa.

“Como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal: El procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes”, explicó la Procuraduría General de la República en un comunicado.

En la primera fase de las investigaciones anticorrupción, el ministerio público detuvo a diez personas acusadas de aprovecharse de su condición para apropiarse de bienes públicos.

En allanamiento buscaban saber si casa era de Alexis

La abogada Emely Rodríguez informó ayer que el exadministrador de Edenorte, Julio César Correa, está en su casa y que el allanamiento del sábado por unas nueve horas fue para determinar si la residencia es propiedad de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

Indicó que la orden de allanamiento la emitió el juez José Alejandro Vargas y establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, “cuestión que no es así. Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:43 de la madrugada en esta casa revisando cada rincón y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez y a ningún proceso que se esté conociendo en el Pepca”.

Dijo que a media noche procedieron a llevar la unidad canina para determinar si encontraban dinero en efectivo o algún elemento ilícito y no fue encontrado, procediendo el ministerio público junto a sus agentes a retirarse de la casa y dejar al señor Correa en liberad.

La presencia de la DNCD con la unidad canina era para ver si encontraban alguna sustancia controlada.

La abogada de Correa reiteró que la investigación que se le hace a su defendido no tiene “absolutamente” nada que ver con la administración pasada.

“Le repito: la orden de alelamiento con la que vinieron a esta casa fue otorgada por el juez Alejandro Vargas y es porque se entendía que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina y se le demostró que no es propiedad de Juan Alexis Medina”, sostuvo, al indicar que también buscaban documentos, discos compactos y equipos tecnológicos.

Dijo que Correa está en su residencia, en perfecto estado y no ha sido arrestado.

ACUSACIÓN FORMAL

Hermano de Danilo

El ministerio público señala que Juan Alexis Medina Sánchez es la cabeza operativa de una red de corrupción en perjuicio del Estado, por lo que fue detenido a comienzos de diciembre y un juez le dictó medida de coerción con prisión en la cárcel de Najayo. “A través del tráfico de influencias, y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos”, señala la solicitud de medida de coerción.