Han pasado cuatro años desde la última reforma de la Policía Nacional

Durante la mañana del pa­sado martes, el presidente de la República Luis Abi­nader asistió al palacio de la Policía Nacional y reco­noció que se necesita una nueva “reforma policial” y que empezarían a trabajar en ese proceso a partir de febrero. Estas palabras del mandatario suceden ape­nas cuatro años después de que el gobierno del presi­dente Danilo Medina pro­mulgará, el 15 de julio de 2016, la Ley 590-16 que “cambiaria completamen­te” la organización de la Po­licía Nacional.

Esa ley cambió la figura de “jefe” y en cambio de eso se le denominó director general, a partir de la en­trada en vigor del proyec­to de reforma de la institu­ción. También se dispuso la reducción de 17 a ocho de los miembros del Consejo Superior Policial (CSP), a cargo del Ministro de Inte­rior y Policía en turno siete con derechos a voz y voto y uno solo a voz, que lo será el Consultor Jurídico del Po­der Ejecutivo, que hará las veces de secretario.

La aún vigente legislación establece que no habrá rein­tegro de policías, salvo las excepciones de la Constitu­ción, y se limita a 40 años el tiempo máximo en la insti­tución. La pieza contempló que una mejor seguridad social, regula el uso de la fuerza, prioriza la preven­ción del delito, pero endu­rece el enfrentamiento de la delincuencia y las san­ciones a las faltas policiales. Además de que eliminó la degradación como sanción disciplinaria a los agentes del orden.

“Esta ley viene a darnos una policía renovada, crea el marco de regulación para una policía operativa”, apuntaba al momento de que la ley sea aprobada en el Congreso Nacional, el en­tonces vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez.

Sin embargo, como todas las leyes que traen consi­go reacciones negativas, uno de los primeros en ex­presarse fue el exdirector de esa institución, Bernar­do Santana Páez, quien ex­presó que esa ley privilegia el retiro forzoso por faltas graves cometidas por uno de sus miembros que haya cumplido 20 años, al otor­garle de manera total la pensión y que mientras a esos oficiales se les privile­gia con la pensión total, los miembros policiales que op­ten por un retiro voluntario al cumplir 25 años de servi­cio ininterrumpido, no reci­birán los haberes y pensio­nes correspondientes, sino cuando alcance los 55 años de edad.

“Esa ley privilegia con una pensión total a los miem­bros de la institución que hayan cumplido 20 años de servicio y cometieren faltas graves, que acumulen cinco o más sanciones disciplina­rias, que hayan sido conde­nados mediante sentencia o que hayan participado en la comisión de algún delito o acto reñido contra el or­den público”, decía Santa­na Páez.

Mientras, por otro lado va­rias instituciones argumen­taban que la misma era “inconstitucional”, ya que consideraban que muchos de sus artículos les quitan facultad a los de la Consti­tución y a los poderes cons­titucionales del Presidente.

MODIFICACIÓN Agentes y oficiales. Con esas críticas en el tapete, apenas dos años después de ser promul­gada, surgía la inten­ción de volver a modi­ficarla para recoger as­pectos que no fueron incluidos en esa oca­sión, principalmente entre los que se preten­de modificar están el impedimento a que los agentes tengan doble funciones, el procedi­miento para el retiro de sus oficiales generales y las partes que tocan al Código Penal.

Solución. Sin embargo, el te­ma se mantuvo apaga­do hasta la llegada del presidente Luis Abina­der, quien el primero de septiembre del pasa­do año se comprometió a llevar a cabo una re­forma en la Policía Na­cional, a fin de buscar una solución al proble­ma de inseguridad ciu­dadana en el país. Ese problema de la insegu­ridad ciudadana estuvo en la agenda de campa­ña de Abinader.