Embates que ha sufrido la Cámara de Cuentas
Trayectoria. Esta institución, despectivamente reprochada como Cámara de Cuentos”, ha sido protagonista de escándalos que han puesto en tela de juicio su operación y existencia.
La Camara de Cuentas tiene la facultad para emitir normativas de carácter obligatorio y auditar los recursos públicos.
Acusaciones a jueces de estar “apandillados” en el manejo de auditorías, amenazas de juicios políticos por escasez de ética y prácticas de nepotismo, inacción institucional y subida de salarios sin justificación, son solo parte de las tandas de crisis que ha padecido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Despectivamente reprochada como la “Cámara de Cuentos” por gran parte de la ciudadanía y sectores de la sociedad civil, esta institución, órgano superior externo de control fiscal, de los recursos públicos y procesos administrativos y del patrimonio público, ha protagonizado escándalos que han puesto en tela de juicio su operación y existencia.
En enero de 2007, el pleno, encabezado por su presidente Andrés Terrero, se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de cobrar de RD$300,000 a más RD$600,000 al mes. Pero las críticas no dieron tiempo a espera y la medida fue dejada sin efecto en mayo de ese mismo año.
No obstante, posteriormente su pleno fue sometido al escarmiento y a un juicio político, bajo acusaciones de lucha de intereses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irregulares sin las licitaciones adecuadas.
Con estos actos los titulares, que fueron renombrados por la opinión pública como “los apandillados”, finalmente resultaron señalados de violar las leyes 10-04, de la Cámara de Cuentas, la 41-08, de Función Pública, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Luego de iniciado el juicio político, Terrero y los miembros del pleno optaron por renunciar de sus cargos.
Los otros titulares eran Henry Mejía, José A. Maceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Brito, Luis Yépez Súncar, José Altagracia Gregorio, Ulises de Beras de la Cruz y Alcides Benjamín.
En su carta de renuncia, Terrero entendía que no se debía someter “al Senado de la República a la fragilidad de una votación que conforme a la Constitución de la República con la 3/4 de la votación se puede destituir a cualquiera de nosotros”.
Sueldos y el escándalo Otro escándalo se suscitó en marzo de 2017, prácticamente al inicio de esta actual gestión, encabezada por Hugo Álvarez Pérez, fue un aumento salarial sin justificación que solicitó el presidente de la CCRD.
El sueldo de Álvarez Pérez pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los demás miembros, conformados por Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán, también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pesos.
No obstante, Álvarez Pérez justificó, a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Rubén Maldonado, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador salarial instituido mediante una resolución del 2013, es decir con el pleno pasado.
La misiva indicaba que “la resolución ADM-2013-012, aprobó la adopción de una política salarial para todos los recursos humanos, funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas, sobre la base de la equidad interna, competitividad externa y capacidad económica, de conformidad con el tabulador/escala salarial”.
Esta gestión de Álvarez Pérez también estuvo en el ojo del huracán al reportar millones de pesos en almuerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y donaciones.
Con los recursos de la entidad, los funcionarios de la CCRD gastaron RD$73,475.00 en la compra de cigarros de marcas costosas.
Además, se registraron gastos en compras de bebidas alcohólicas, mayormente vinos, champagne y whisky.
Inoperancia Participación Ciudadana (PC) también denunció el año pasado que la CCRD solo realizó 356 auditorías en siete años (2012-2019).
“Si se toma en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”, indicó el grupo de la Sociedad Civil.
Los orígenes de la Cámara de Cuentas datan desde la primera Constitución en 1844 y, aunque no se consignaba una Cámara de Cuentas como la que se conoce hoy, se establecía un Consejo Administrativo compuesto de funcionarios públicos, encargado de verificar anualmente las cuentas generales e informar sobre eso al Congreso Nacional.
La misión de esta entidad es fiscalizar los recursos públicos del Estado dominicano.
MENSAJE AL PAÍS El discurso. El presidente de la República afirmó que la Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD, y que ese este es “parte de su blindaje”, por lo que considera “sus miembros ya deberían haber renunciado”.
Recordó que la Cámara de Cuentas, que tiene la responsabilidad de auditar y fiscalizar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna institución pública.