Acnur pide a República Dominicana resolver situación de 6.400 apátridas

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó este miércoles su satisfacción por la decisión de República Dominicana de conceder la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos, desprovistos de ella tras una polémica sentencia emitida en 2013, e instó al país a resolver la situación de otros 6.400 apátridas.

La concesión de la nacionalidad se materializó por un decreto firmado el 16 de julio pasado por el entonces presidente del país Danilo Medina y "significa esperanza y dignidad para cientos de personas apátridas cuyas vidas han estado en el limbo durante muchos años", dijo en un comunicado Matthew Reynolds, representante de la Acnur para Estados Unidos y el Caribe.

"Felicitamos al Gobierno de la República Dominicana por dar este importante paso para encontrar soluciones de nacionalidad para las personas nacidas y criadas en el país, y esperamos continuar con la cooperación constructiva con el Gobierno, encontrando soluciones prácticas para beneficio de todos", agregó.

Sin embargo, dijo que "aún así, hay miles de personas en República Dominicana que permanecen sin nacionalidad, ya que no son reconocidos como ciudadanos por la ley de ningún país".

En ese sentido, la Agencia de la ONU para los Refugiados "alienta al Gobierno a seguir trabajando en una solución para las 6.400 personas adicionales que han presentado solicitudes de naturalización", indicó el comunicado.

La polémica se remonta a 2013, cuando el Tribunal Constitucional (TC) dominicano decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos, lo que provocó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y dividió a la opinión publica en el país.

La sentencia se aplicó de forma retroactiva a los nacidos después de 1929 y afectó directamente a decenas de miles de hijos de haitianos, muchos de los cuales quedaron apátridas en ese momento, puesto que nunca habían solicitado la nacionalidad haitiana.

Las críticas internacionales suscitadas por la sentencia llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar una ley en 2014 con la que ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos.

En ese grupo se inscriben las citadas 750 personas beneficiadas.