Los casos penales que han estremecido al país
Desde el derrumbe del poder del todopoderoso dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, en 1961, hasta la fecha, un total de 45 fiscales en la jurisdicción del Distrito Nacional han tenido bajo su poder investigaciones de procesos penales, de los que logrado los tribunales impongan sanciones por una variedad de delitos.
Desde el fiscal Teodoro Tejada Díaz (1961), a quien correspondió investigar el asesinato de su jefe, Trujillo, considerado el tirano más temido en la región del Caribe, hasta la actual fiscal titular, Rosalba Ramos, el Ministerio Público de esta jurisdicción, con sede en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ha dado muestras de interés en enfrentar los hechos delictivos.
Durante la era de Trujillo, los delitos más comunes entre particulares eran por conflictos de tierras, acusaciones políticas, asuntos comerciales y, en menor grado, robo. Este delito se castigaba con pena severa, lo mismo que el homicidio, siempre que el crimen no fuese cometido por los esbirros del régimen.
Sin embargo, la Policía no tenía ningún rol en la investigación y era obediente a las órdenes del procurador fiscal de turno. Son muchos los casos de personas que murieron durante la dictadura y jamás fueron investigados.
El 30 de mayo de 1961, la Procuraduría General de la República la dirigía Federico Cabral Noboa, quien instruyó al procurador fiscal de entonces, Teodoro Tejada Díaz, para investigar todo lo concerniente al ajusticiamiento del tirano.
Desde la fecha de la caída de Trujillo, los representantes del Ministerio Público se han ido preparando y capacitando para lograr que los tribunales impongan sentencias ejemplarizadoras, principalmente con relación a una serie de asesinatos que se apartan de casos comunes.
Juicio del crimen de las hermanas Mirabal
El juicio contra los asesinos de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, y del chofer Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960, se inició con el proceso de instrucción celebrado el 20 de enero de 1962, aunque la cámara penal comenzó la sumaria el 18 de marzo. A partir del 28 de junio fueron celebradas las audiencias públicas que concluyeron con las sentencias definitivas el 24 de noviembre de 1962.
Además, los hechos ocurridos durante las últimas décadas demuestran que el crimen organizado y el narcotráfico son dos problemas arraigados en la sociedad dominicana,
RAMÓN
debido a las grandes cantidades de recursos que mueven sus redes y la capacidad de pagar por asesinar personas, corromper autoridades e invertir en lujosos negocios para lavar el dinero de las drogas.
Zoila Martínez
Zoila Martínez Guante alcanzó notoriedad en el país durante su rol como fiscal del Distrito Nacional, donde enfrentó casos tan sonoros como el horrendo asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996, planificado y ejecutado por un primo hermano, Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez, quienes fueron condenados a 30 y 20 años, respectivamente.
Las investigaciones sobre ese hecho alcanzaron ribetes internacionales, al comprobarse que el asesino del niño, de 12 años, tenía fuertes vínculos con la familia de la embajadora argentino en Santo Domingo, cuyos miembros abandonaron el país poco tiempo después.
Redondo Llenas alegó que Teresa Meccia de Palma, la entonces embajadora argentina en República Dominicana, su esposo Luis Palma de la Calzada, y su hijo Martín Palma Meccia, estuvieron involucrados.
Guillermo Moreno
En la gestión de Guillermo Moreno (1996-1997), como fiscal del Distrito Nacional, el l 4 de abril de 1997 inició la investigación sobre el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley, ocurrido el 17 de marzo de 1975.
Por el caso fueron conde nados el excabo Mariano Cabrera Durán y los civiles Rafael Alfredo Lluberes Ricart, Luis Emilio de la Rosa Beras y el general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, mientras que el general retirado José Isidoro Martínez González, uno de los implicados, murió en pleno proceso el 15 de diciembre de 1999.
Otro caso que llevó a cabo Guillermo Moreno como fiscal del Distrito Nacional fue el del presunto fraude de RD$90 millones contra la Lotería Nacional, del que fueron involucrados Manuel de Augusto Antún Batlle (Teté), Agustín Pimentel Almánzar, Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe), Núñez Payano, Manuel Cruz Madera, Rómulo Augusto Marte Lendor y Juan de los Santos.
Sin embargo, el juez que investigó el presunto fraude, Víctor Martínez Pimentel, emitió un auto de no ha lugar a favor de los imputados. El 12 de septiembre de 1997, el grupo fue arrestado por orden de la fiscalía y tres días después el Primer Juzgado de Instrucción dictó mandamiento de prisión preventiva.
Domínguez Brito
Francisco Domínguez Brito, fiscal del Distrito Nacional (1997-2000), con apenas 31 años de edad, se convirtió en el fiscal del Distrito Nacional más joven de la historia contemporánea. Entre las condenas obtenidas durante su gestión resaltan aquellas contra los civiles y militares acusados del asesinato del reconocido periodista dominicano Orlando Martínez Howley, sucedido en 1975 durante el gobierno de Joaquín Balaguer, y aquella para los dos jóvenes acusados del asesinato del adolescente José Rafael Llenas Aybar, en 1996.
Igualmente, la investigación y arresto de los responsables de una mafia organizada para robos de los terrenos de Bahía de las Águilas, así como la investigación del asesinato de la profesora Vilma Miguelina Núñez Martínez, a la que asaltaron, violaron y torturaron en un hecho ocurrido el 19 de mayo de 1999, por el que cuatro imputados fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno.
Máximo Aristy Caraballo
Mientras se desempeñó como fiscal del Distrito Nacional, (2000-2004), Máximo Aristy Caraballo tuvo a cargo casos impactantes, como los fraudes en el Banco Intercontinental (Baninter), Banco Nacional del Crédito ( BANCREDITO) y el Banco Mercantil.
Hernández Peguero
En la gestión del exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero (2004-2008), se llevó a efecto la investigación de la red que dirigía el excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, acusado de traficar con 1,387 kilos de cocaína, un caso por el que fue extraditado a los Estados Unidos, donde cumplió condena por narcotráfico.
Moscoso Segarra
En la gestión del exfiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra (2008- 2011) siguió con todas las negociaciones de los acuerdos entre Paulino Castillo con el fiscal de Nueva York y la entrega de bienes.
Igualmente, llevó a cabo la investigación del caso del ciudadano español Juan Antonio Hidalgo de Moya, administrador de la empresa Startmarble, una entidad comercial responsable del envío del contenedor que exportó, hacia un puerto español, 1,200 kilos de cocaína, consignados a nombre del también español Arturo del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico.
Moscoso Segarra dijo que durante el allanamiento practicado en la oficina de la empresa Startmarble fueron ocupados documentos que evidencian los vínculos de esa empresa con la compañía Prado Universal, dueña de los 1, 200 kilos de cocaína ocupados a Del Tiempo Marqués en España.
En la gestión de Moscoso Segarra en la fiscalía del Distrito Nacional también se investigó sobre la red de lavado de activos del narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, uno de los escándalos de drogas más sonados en el país.
Yeni Berenice
El 28 de diciembre de 2011, Yeni Berenice Reynoso fue designada fiscal del Distrito Nacional por el Consejo Superior del Ministerio Público, en sustitución de Alejandro Moscoso Segarra, luego de agotar un período de dos años como fiscal de Santiago, entre otros cargos que desempeñó, convirtiéndose en la fiscal más joven escogida en una fiscalía grande y la primera mujer que ocupa esa posición en la historia de la justicia de Santiago.
Desde la Fiscalía del Distrito son muchos los expedientes que le tocó conocer, tales casos como el de Bahía de las Águilas, con el que ella misma subió a estrado y tuvo ganancia de causa, ya que el Estado recuperó terrenos millonarios con vocación turística que estaban en manos de particulares; también el expediente del asesinato del conocido presentador de noticias Claudio Nasco, que también conmocionó a la población; el de la quiebra del Banco Peravia (en audiencia); el expediente de Blas Peralta, acusado de asesinar al exrector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, condenado a 30 años de prisión.
Otro caso que ejecutó la fiscal fue el del ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, a quien acusó de corrupción y lavado de activos. Con este expediente la fiscal no logró su cometido y fue archivado.
El dictador Trujillo, quien hizo que los tribunales dominicanos estuvieran sometidos a su voluntad y control, cambiaba a los fiscales con el mismo criterio que lo hacía con los funcionarios de su gobierno, y muchas veces los jueces de Instrucción ni siquiera habían estudiado Derecho.
Trujillo ejerció su régimen criminal entre 1930 y 1961, con el beneplácito de siete de los 20 presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en toda su historia, más de 12 procuradores fiscales y una cantidad similar de procuradores generales de la República.
Empero, están dispersos los datos relativos a los procuradores fiscales, porque los archivos que recogen la historia de la fiscalía del Distrito Nacional empiezan con el procurador fiscal del año 1944 y el registro de los procuradores generales se hace a partir del año 1961.
Los fiscales
Los únicos datos que hay en la Fiscalía sobre los procuradores fiscales del Distrito Nacional empiezan con José Antonio Turull Ricard (1944- 1945), seguido por Emmanuel Aristy Ortiz (1945- 1946), Homero Henríquez (1948-1949), Juan Tomás Mejía Feliú (1949-1953). Salvador Aybar Mella (1953- 1955), Servio Tulio Castaños Espaillat (1955-1956), Antonio Martínez Ramírez (1956-1957), Felipe Owsvaldo Perdomo (1957-1958), José Salvador Vásquez (1958- 1959), Víctor Garrido Hijo (1959-1960), Ernesto Suncar Méndez (1960-1961) y, finamente, Teodoro Tejada Díaz (1961). A este último le correspondió investigar el asesinato de su jefe. Todos han fallecido.
A estos le siguen los procuradores fiscales José Ulises Vargas Tavarez (1961-1962); Bienvenido Figuereo Méndez (1962); Pompilio Bonilla Cuevas (1962); Fabio Rodríguez Castellanos (1962); José María Acosta Torres (1962); Ramón Morel Cerda (1962-1963), José María Acosta Torres (1963-1964) Quintino Ramírez Sánchez (1964-1965), Benito Henríquez Valenzuela(1965); Rufino Paniagua(1965, designado por el Gobierno Constitucionalista).
Igualmente, Simón Bolívar Chèker(1965); Anaiboni Guerrero Báez(1965); Ricardo Gaspar Thevenin (1965- 1967); Rafael Ravelo Miquis (1967-1970), Fernando Aníbal Pérez Aponte (1970- 1972), Máximo Henríquez Saladin, (1972-1973), Agusto César Cano González, (1974- 1977), Anaiboni Guerrero Báez (1977-1978), Julio Salin Ibarra Ríos (1978-1981), Lazaro Euclides Pimentel Castro (1981-1982), Julio Miguel Benoit Martínez (1982- 1983), Rafael Valera Benítez (1983-1985), Alfredo Balcácer Vega(1985), y Julio Bautista Pérez(1986).
También Manuel Antonio Jiménez Rodríguez (1986); Prim Pujals (1986-1987), Gregory Castellano Ruano (1987- 1988), José Francisco Cuello Noel (1988-1989), Alexis Joaquín Castillo(1989); Juan Esteban Olivero Feliz(1990); José Leonardo Durán Fajardo (1990-1991), Josefina Juan de Pichardo, (1992-1993), Ramón González Hardy (1993-1994), Alexis Joaquín Castillo (1994-1995), Luis Nelson Pantaleón González, Zoila Martínez Guante, 1996, Julio César Castaños Guzmán, 1996, Guillermo Moreno García, (1996-1997), Francisco Domínguez Brito (1997-2000), Máximo Aristy Caraballo, (2000-2004), José Manuel Hernández Peguero (2004-2008), Alejandro Moscoso Segarra , faltaría Yeni Berenice Reynoso.
La galería de ex fiscales del Distrito Nacional fue abierta por el procurador fiscal Alejandro Moscoso Segarra el 29 de julio de 2010. El manual de esta galería lo compiló la exencargada de Relaciones Públicas de la fiscalía, la periodista Onoris Metz. Cuenta una parte de la historia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde 1944, cuando fue inaugurado el edificio. Metz indica la dificultad para investigar los nombres de los procuradores fiscales que trabajaron para Trujillo.
La inauguración del Palacio de Justicia, el 24 de octubre de 1944, fue encabezada por el presidente de la SCJ, Juan Tomás Mejía. El edificio alojó a la SCJ, la Corte de Apelación, el Tribunal Superior de Tierras y las demás entidades del Poder Judicial dominicano.
A la llegada de Trujillo al poder había tres cortes de apelación, 12 distritos judiciales y 59 juzgados de paz. Al concluir la Era del Trujillo existían nueve cortes de apelación, 24 juzgados de primera instancia y 95 juzgados de paz.
Estas cifras las ofreció a la población el 4 de julio de 1958 el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hipólito Herrera Billini. El acto fue al conmemorarse el cincuencentenario del máximo tribunal dominicano, la Suprema Corte de Justicia. Entre 1959 y 1969 se establecieron varios tribunales.