La JCE, manzana permanente de discordia

La JCE desde 1994 es la manzana de la discordia de la de­mocracia domini­cana; ella se discute pero siempre la pone quien tie­ne el poder y, en los últimos años sin excepción, ha sido un desas­tre. Quizás lo peor ha sido repe­tir a sus miembros por eso, entre otras razones, no mejora.

Con Joaquín Balaguer –era contenciosa y administrativa– el símbolo de honorabilidad fue Ángel María Liz, luego en la de­mocracia (PRSC-PRD) siguieron designándose no­tables que no eran políticos –de 1966 a 1990 solo un diri­gente del PRSC fue miembro-; entonces estaba compuesta por tres miembros; cada crisis pa­ra la designación se resolvió aumentando la cantidad de miembros llevando la cantidad a cinco y luego a 7, entonces, Balaguer y Leonel, respondie­ron airados la designación que hizo el Senado del PRD de Mo­rel Cerda en 1998 generando un tranque que se resolvió divi­diéndola en dos cámaras.

Estas con las modificación constitucional del 2010 se con­virtieron en Tribunal Superior Electoral, una ficción conten­ciosa sin trabajo, excepto por las rectificaciones de la actas del estado civil que ocupa el 98% de su atención y la poderosa JCE con un presupuesto enorme que nunca justifica bien: La com­pra de equipos de la penúltima JCE por más de USD$ 40 millones que nunca se utilizaron y el sistema informá­tico de esta última, son solo dos ejemplos de mal uso de fondos públicos por decena de miles de millones de pesos.

Antes, el Presidente saliente de la JCE –usualmente- se iba de embajador, ese era su premio; ahora, salen con pensiones de lujo: Pero eso de las pensiones es un relajo del otrora PLD, que en algunos casos llega a escándalo mundial, por ejemplo: ¿Cómo se explicaría una pensión de un mi­llón de pesos mensuales a una per­sona joven que apenas trabajó 4 años en el Estado como ha sucedi­do en el Banco de Reservas?

Los requisitos rígidos y ton­tos de antes para ser miembro, a “tono con la democracia cualquie­rizada” que sufrimos, se elimina­ron y ahora hasta chochueca aspi­ra… desde luego no por el trabajo, sino por el sueldito; los partidos sufren presiones terribles previo a la designación y al final envían a su “hombre o mujer” a cobrar y repre­sentar sus intereses.

El Presidente Abinader no de­be hacer como Leonel poniendo a Roberto Rosario, eso fue un mal precedente. Tampoco debe rega­larle a la sociedad civil esas posi­ciones por presiones porque eso siempre ha resultado en un fias­co: No importa si los miembros surgen del seno de los partidos o de profesionales ajenos a ese quehacer, solo deben tener carác­ter, estar preparados académica, administrativa y honestamente: Deben ir a servir al país, no a los partidos.

La designación por el Senado será objeto de acuerdos políticos y, eso es normal, sobre todo por­que la designación requiere de dos tercios y el PRM aunque ga­nó 26 solo tiene 18 senadores, pues el resto los cedió a la FP y al PRSC, pero sería penoso que las audiencias en dicha cámara sean un teatro en que bufones se po­nen de mojiganga leyendo hojas de vida, cuando ya la decisión ha sido tomada: Algo de transparen­cia democrática real no estaría mal.

Desde luego que en el país, re­lajados los títulos académicos hasta la degradación máxima, igual da risa la cantidad de anal­fabetos “profesionales” que se postulan a sí mismos sin enterar­se que son hazmerreir de todos los que tienen la cachaza de ver las sesiones, como sucedió en las del Consejo Nacional de la Ma­gistratura con las sesiones para designar los jueces de la Supre­ma Corte de Justicia y del Tribu­nal Constitucional, una caterva de burros rebuznaron torcida­mente criterios de derecho ante el asombro del país: En todo ca­so, esas sesiones eran solo cari­caturas para legalizar lo que ya estaba decidido que, Danilo im­pondría a dirigentes de su parti­do como jueces…. Algo que Luís no debe hacer pues ese fue uno de los motivos para sacar al PLD.

Las leyes, de Partido y Orgáni­ca de la Junta Central Electoral, así como la Ley del TSE, todas, parcialmente declaradas incons­titucionales por el TC, deben ser mejoradas y, eso entra dentro de las atribuciones de la JCE que tie­ne iniciativa legislativa; las Jun­tas Electorales, en cada munici­pio hace más de 16 años que no se designan, se rellenan y en un 65% están compuestas por per­sonas que no son abogados, esa es una tarea particular de la JCE y, desde luego que procede entre­narlas: Vimos en el torneo pasa­do que la mayoría de los proble­mas se dieron porque los colegios estaban compuestos por analfa­betos que no sabían sumar y, de eso debían hablar los senadores con los aspirantes, lo demás es continuar haciendo lo incorrec­to con mal resultado y esperar re­sultados distintos: Una tontería.

En el país hay alguna gente se­ria, preparada y con disposición de servir, pero que no desea ponerse de mojiganga; las hay en los par­tidos, cerca de los partidos y fuera de ellos.