Administración Pública, entre la carrera administrativa y las presiones de empleo para el PRM
Desde el pasado mes de julio, luego de celebradas las elecciones presidenciales, el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió una circular a todas las dependencias del Estado en las que presentó un resumen de derechos económicos de los servidores públicos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 41-08 de Función Pública, esto en los casos de cancelaciones de los servidores tras la entrada del gobierno de Luis Abinader, este 16 de agosto.
La comunicación enviada dos días después de las elecciones presidenciales, el 7 de julio, a los ministros, viceministros, directores generales y nacionales, enumera la categoría de servidores públicos según el artículo 18 de la Ley de Función Pública e indica el pago que les corresponden a los funcionarios de libre nombramiento o remoción, a los de carrera, a los de estatuto simplificado y a los empleados temporales, si estos son separados de sus puestos de trabajo.
Esta misiva firmada por Ramón Ventura Camejo, ministro del MAP, genera un nivel de alivio para aquellos servidores que son de carrera administrativa, aunque advierte que sí pueden ser cancelados de sus puestos de trabajo.
“Funcionarios o Servidores Públicos de carrera: Tiene el derecho a la titularidad del cargo que es el derecho a la permanencia y reserva de un cargo de carrera del funcionario o servidor público en el cual ha sido nombrado, conforme a las disposiciones previstas por la Ley y sus reglamentos de aplicación.
Sólo perderán dicha condición los casos que expresamente determina la Ley, previo cumplimiento del proceso administrativo correspondiente y formalizado mediante acto administrativo. El cese al derecho contrario se saldará con la reposición del servidor público de carrera en el cargo que venía desempeñando y el abono de los salarios dejados de percibir”, dice la circular.
Estas condiciones que expresa la Ley para que un empleado de carrera sea desvinculado de su puesto de trabajo están estipuladas en el capítulo VI, articulo 94, párrafo II de la Ley 41-08, que indica que estos empleados pueden ser destituidos luego de comprobar que su nombramiento fue realizado de forma fraudulenta o de haber procedido esa designación en violación de lo establecido en el ordenamiento jurídico, así mismo si ha incurrido en algunas de las 40 faltas disciplinarias del Estado, que van desde llegar tarde hasta valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos.
“Toda destitución de un servidor público de carrera deberá ser motivada tanto por la autoridad que la produzca como por la que la solicite”, establece la Ley.
Aunque durante la campaña presidencial, Luis Abinader aseguró que no entraría al gobierno con una “aplanadora”, y que mantendrán aquellos empleados públicos de carrera “aun sean peledeístas”, a través de sus anuncios en la red Social de Twitter, luego de ser declarado presidente electo, ha informado del cierre o fusión de varias instituciones públicas como son, el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Sólo entre estas tres instituciones hay 2,653 empleados fijos que deberán ser reubicados por la dirección Humanos de Recursos del Estado, que es el Ministerio de Administración Pública, o cancelados de sus puestos de trabajo.
Aunque sólo Abinader ha anunciado estos tres cierres de instituciones de manera formal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que el presidente electo y su equipo trabajan en un esquema para eliminar, fusionar y reestructurar más de 20 instituciones públicas con duplicidad de funciones.
Aclarando que la elaboración del documento se ha acelerado luego de las elecciones presidenciales.
“Se está elaborando un documento que probablemente el presidente dicte un gran decreto, inmediatamente tome posesión, disponiendo la fusión, restructuración y eliminación de una serie de instituciones”, ha dicho Peralta.
Este temor surgido ya que la mayoría de los empleados públicos han estado durante los últimos 16 años en el Estado, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con Leonel Fernández (2004-2008/2008-2012) y con Danilo Medina (2012-2016/2016-2020), ha intentado de igual forma ser apaciguado por Ventura Camejo, director del MAP, quien también en los últimos días ha expresado que en el Estado hay 94 mil empleados de carrera administrativa, pero la cantidad con vocación para entrar al sistema es de 180 mil.
Otro que también ha intentado disipar el temor de una parte de los empleados públicos ha sido el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, quien dijo que luego de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, el Gobierno no podrá despedir a la totalidad de los empleados públicos porque una parte es indispensable.
“Aquí hay una gran confusión con eso de los empleados públicos porque es que la mayor parte de los empleados públicos no pueden ser tocados. La gente dice que hay 750,000 empleados, pero de esos hay como 130,000 guardias y policías, no se tocan. Los maestros y todo su personal técnico, eso no se toca. Los médicos y las enfermeras, eso no se toca”, dijo.
Asimismo aseguró, que hay personal técnico de instituciones como la Dirección General de Aduanas (DGA) y Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que por su experticia no podrá ser despedido.
De acuerdo a las estadísticas de mitad de año de 2019 de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) el sector público tiene una nómina de 634,407 empleados registrados.
Sepa más
El temor de que en la nueva administración entrante el próximo 16 de agosto cancele un número indefinido de empleados públicos ha surgido mucho antes de las elecciones del 05 de julio, con la puesta en evidencia de parte del movimiento político “De la mano con Gonzalo”, quienes a través de un espacio pagado en los periódicos, hicieron un llamado a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que ocupaban algún cargo en las instituciones Públicas, a votar por Gonzalo Castillo, ya que es el único que representa estabilidad de los empleos del PLD en la actual administración.
Así mismo circularon en las redes sociales videos que evidenciaban al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza y al diputado electo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas, invitar a los miembros del partido morado a recoger sus oficinas porque saldrán del Gobierno e advertir que sólo votando por Luis, obtendría empleos.
