Pacto político para ir más allá de la coyuntura

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RAFAEL NUÑEZSanto Domingo, RD

La aparición en China el pasado di­ciembre de la pandemia del Covid-19, y que des­de entonces azota a to­dos los países del planeta con secuelas de muertes e infectados, disminuyen­do significativamente la producción mundial, el comercio sensiblemen­te afectado y generando el desplome de las activida­des recreativas, culturales y deportivas, plantea un es­cenario político nuevo que obliga a los liderazgos mun­diales, regionales y locales a la consecución de un Pacto Político, más allá del Coro­navirus para hacer frente a los problemas estructurales y coyunturales.

República Dominicana, a propósito de la asunción de una nueva administra­ción gubernamental el 16 agosto, tiene la oportu­nidad para que el nuevo presidente, Luis Abinader, aproveche todo el aval po­lítico de que dispone para impulsar un acuerdo que involucre a las iglesias, los empresarios, las centrales sindicales, los partidos po­líticos y las organizaciones de base, a los fines de dis­cutir estrategias claras pa­ra la gestión de áreas de la vida del país que la pan­demia lo que ha hecho es desnudarlas con crudeza.

A partir de la propues­ta planteada por el pre­sidente electo, asumida por otros líderes políticos y la sugerencia de Listín Diario para la realización de una Cumbre contra el Covid-19, el momento plantea la pertinencia de revertir la crisis y crear es­cenarios para una agenda que garantice la gobernan­za en los próximos años, con la definición de ejes en las áreas económica, social e institucional, de manera que la nación se coloque por encima de la circuns­tancia.

República Dominica­na tiene que ver esta pan­demia como lo que es: una gran crisis de dimen­siones estructurales y de coyuntura que debe ser afrontada con la visión de fortalecer una cultura de negociación, como hicieron en el pasado algunos países después de escenarios de guerra. Es el caso de Alema­nia después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.

El Coronavirus no solo ha dejado al descubierto la inequidad consuetudina­ria del sistema de salud en la República Dominicana y otras naciones del continen­te, sino que profundizó la deficiencia de ese servicio, lo que se evidencia en el co­lapso de los hospitales pú­blicos y los laboratorios pa­ra llevar a cabo pruebas de COVID-19 a una cantidad cada día mayor de pacien­tes que acuden desorien­tados a buscar ese servicio. Lo de la hospitalización de los afectados es otra historia que cuentan con amargura los pacientes.

Hay que seguir los crite­rios de los expertos a nivel mundial, pues según ellos cada día las sociedades ten­drán que lidiar con enfer­medades desconocidas, para lo cual hay que crear muros de contención en los sistemas sanitarios con los que el país no cuenta.

Otro tema de la agen­da para la firma de un Pac­to Político tiene que ver con el ámbito laboral. La crisis estructural que tradicional­mente afecta a ese sector, vi­no a empeorar con la emer­gencia de la pandemia que puso fuera de la actividad productiva a más de un mi­llón de empleados de em­presas privadas, que viene a sumarse al 14 por ciento de desocupados que tenía el país antes de la pandemia.

El panorama para los em­pleadores, la otra cara de la moneda, no luce nada hala­güeño: el comercio, las pe­queñas y medinas empre­sas y la industria han tenido que someterse a un plan de desaceleración de sus acti­vidades productivas con lo cual suspendieron 1,1 mi­llones de trabajadores cuya situación laboral aún está en el limbo para buena par­te de ellos.

Las empresas tienen los mismos compromisos que asumieron antes de la pre­sencia del virus. La cesantía es un costo que tampoco es­taba en los cálculos empre­sariales.

Por otro lado, no son po­cas las empresas y negocios que no podrán abrir nueva­mente sus puertas, tradu­ciéndose en un incremento de los desocupados, pobre­za, desigualdad y criminali­dad.

Zona Franca, bares, ho­teles y restaurantes por solo citar algunos de los vincula­dos con el sector turístico representan casi 500 mil trabajadores, de los cuales el 90 por ciento está inclui­do en las cifras de suspen­didos, más arriba citada.

Antes de la pandemia, el país contaba con 4,7 millo­nes de empleados, de los cuales 2,4 por ciento co­rresponde al sector infor­mal y 2,3 por ciento son trabajadores formales, conforme a las cifras del Banco Central.

El país tiene que elabo­rar un pacto consensuado con los representantes de los trabajadores, los em­presarios, la sociedad ci­vil y las iglesias para que la situación de crisis se re­base conforme a las con­veniencias de todos, pues hay que afrontar, además, la culminación de miles de contratos de trabajo.

Aunque el actual go­bierno aplica el programa Fondo de Asistencia Soli­daria al Empleado (FASE) para apoyar a los trabaja­dores formales del sector privado con una transfe­rencia monetaria con el fin de contrarrestar los efec­tos económicos de las me­didas para frenar el avan­ce del COVID-19, lo cierto es que esta ayuda es transitoria, así como otros programas de mitigación aupados por la administración saliente.

La situación laboral deja de ser un tema local, pues or­ganismos regionales llaman la atención sobre la bomba de tiempo que representa su prolongación, de modo que ya salen a relucir fórmulas para afrontarla.

La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica pa­ra América Latina y El Cari­be (CEPAL), Alicia Bárcena, planteó recientemente que ante la crisis por el Corona­virus urge la adopción de un plan que asegure una protección social universal para todos los trabajadores.

Hay que tomarle la pala­bra a la ejecutiva de las Na­ciones Unidas, pues el orga­nismo regional que dirige está observando el panora­ma con todo un glosario de información que tiene a su disposición sobre la región y subregión.

En el diálogo con todas las fuerzas sociales, políti­cas y económicas para la firma de una Pacto Político, liderado por el nuevo go­bierno tendrá también que ocupar un lugar promi­nente en la agenda los te­mas económicos y sociales que generaron protestas y movilizaciones reciente.

No pocos sectores han planteado mejoras en las leyes de Seguridad Social y de Pensiones, pues al ca­bo de poco más de 14 y 20 años de aplicación, el país tiene claras las debilidades de una y otra, indepen­dientemente de sus virtu­des.

Es cierto que la ley 87-01 de Seguridad Social logró pasar de un 20 por ciento de cobertura a un 64 por ciento aproxima­damente, pero la sociedad tiene que afrontar los de­safíos de la atención pri­maria, la transformación del IDSS, la creación de una red única de provee­dores públicos, la gestión y revisión del Plan Básico de Salud, el aumento del límite de los medicamen­tos ambulatorios y la su­pervisión oficial de la me­dicina privada, entre otros asuntos.

El crecimiento de la eco­nomía con un promedio anual de 5,3 desde 1993 hasta 2018, de las más ele­vadas de la región, enfren­ta retos de corto, mediano y largo plazos, que nos lle­va a la mejoría del equili­brio fiscal, aumento del capital humano, la promo­ción de un mejor entorno empresarial, gestionar la calidad del manejo medio­ambiental, enfatizar la transparencia en la formu­lación de políticas y rendi­ción de cuentas y poten­ciar la gestión del manejo de los desastres y riesgos relacionados con el clima.

En relación al renglón de las AFP no pocos exper­tos consideran una bue­na legislación, pero tiene distorsiones que frenan el crecimiento de los fondos de pensiones y reduce el monto de las pensiones de un millón y medio de tra­bajadores. Hay que propi­ciar un acuerdo que reduz­ca al 15 por ciento el tope de comisión, como se ha intentado en varias opor­tunidades.

La desaceleración de la economía a nivel glo­bal y su impacto dada la dependencia del país de las remesas, el turismo, las exportaciones de bie­nes y servicios y las zonas francas plantea desafíos que deben ser analizados, puestos sobre la mesa con la participación de todos los actores que inciden, de modo que nos permita adelantar pasos en la crea­ción de medidas de impac­to que puedan ser evalua­das periódicamente.

Otros ejes saldrán a la luz en una discusión que debe ser participativa, de­mocrática y eficaz, alinea­da con la Estrategia Nacio­nal de Desarrollo.

Los primeros meses del gobierno que se inicia a mediados de agosto son oportunos para llevar a la práctica el diálogo sugeri­do por la oposición, de ma­nera que este momento de crisis que vive el país brin­da un brillante escenario para la firma de un Pac­to Político que busque so­luciones a los problemas más allá de la coyuntura, y el país pueda recuperar el crecimiento económico en los próximos años, siga re­duciendo la pobreza y cree nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres y los jóvenes

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