Enfoque
El Informe de auditoría del grupo de expertos de la OEA
El inesperado fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado produjo en el país una indignación generalizada por lo traumático del evento. Ante ese escenario, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue el primero en solicitar al presidente Eduardo Frei, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, el 17 de febrero, la designación de un grupo de expertos para determinar “las causas que originaron los hechos que motivaron la suspensión de las elecciones municipales”.
Dadas las protestas masivas y diarias de la población y de los partidos políticos, el gobierno se vio forzado a suspender la investigación por un supuesto sabotaje a las elecciones que llevaba a cabo el ministerio público y solicitar a la OEA, a través de la Junta Central Electoral (JCE), una auditoría sobre las causas de los fallos en el sistema de voto automatizado, vinculante para las partes; es decir, de resultados obligatorios para el Estado.
El pasado 14 de abril, la OEA publicó su esperada auditoría en la cual identifica las causas por las cuales no fue posible la correcta implementación del voto automatizado en las elecciones de febrero.
Resalto dos aspectos del Informe, un dilema y una oportunidad. Primero, el informe contiene 21 hallazgos, pero el más trascendente es el que establece de manera tajante que: “El equipo auditor no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude.”
No es posible minimizar este hallazgo, en particular después que desde el gobierno intentaran implicar al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, en un supuesto sabotaje de las elecciones, tratando de fabricar una burda trama que incluyó allanamiento, apresamiento e interrogatorio del coronel Ramón A. Guzmán Peralta, jefe de su avanzada electoral.
El intento de involucrar al candidato Abinader, puntero en todas las encuestas independientes, quedó desvelado en el interrogatorio del ministerio público al coronel Guzmán Peralta. Una verdadera cacería de brujas basada en una patraña de humo y espejos.
Este ha sido un golpe bajo a nuestra frágil institucionalidad y a la democracia, cuyo mínimo desagravio, de existir decencia, debería ser una disculpa formal del gobierno al Lic. Abinader.
Segundo. Vale aclarar que la auditoría es un análisis técnico de las causas de las fallas y que no señala directamente a los responsables de estas, ya que esa facultad no es parte del alcance de su misión. Funcionarios de la OEA expresaron en varias ocasiones que los expertos no eran fiscales; que, si surgieran irregularidades en relación a los hechos estos serían señalados en la auditoría, pero que su investigación, tipificación y encausamiento, de corresponder, serían competencia exclusiva de las autoridades por ser un atributo de soberanía nacional.
En este contexto, la auditoría determinó que el motivo principal por el cual se suspendieron las elecciones se debió al mal diseño del software, al carecer este de los mecanismos de control de integridad capaz de detectar cualquier problema en el proceso de descarga de las boletas electrónicas.
Además, al no existir procedimientos formales de prueba del software, por diversos motivos no se efectuaron suficientes “tests” en diversas etapas del proceso que permitieran revelar los defectos del software.
La ausencia de controles de calidad, previo a la distribución de las urnas el día antes de las elecciones, no permitió que los técnicos tomaran conciencia de la envergadura del problema, y se procedió a distribuir las urnas a los recintos con ofertas electorales incompletas.
Los técnicos desplegaron sus equipos el día de las elecciones a las 5:00 am, confiados en que podrían reconfigurar en los recintos los problemas ocurridos en las descargas. Esa mañana se tomaron una serie de medidas de mitigación que acumularon nuevos errores, empeorando en varios casos las situaciones ya de por sí graves, como, por ejemplo, la repersonalización masiva a última hora, descargando en numerosas máquinas datos pertenecientes a otro colegio.
Este último hecho tiene un agravante ya que, como señala el inciso 7 de las conclusiones de la auditoría, los técnicos encubrieron el hecho. El informe dice: “Esta falla en la mitigación no fue expuesta a la sociedad, tampoco a los observadores internacionales, ni se incluyó en la relatoría por parte de los técnicos de la JCE. Fue reconocida por el personal técnico de la JCE, luego de que el equipo auditor le comunicase el hallazgo”.
A diferencia del Informe de Auditoría de Bolivia de la OEA (los expertos que vinieron a RD son los mismos que fueron a Bolivia), en el nuestro no se revelan hechos que pudieran claramente ser considerados delictuosos ni complicidad de los miembros de la JCE.
En el caso de Bolivia se utilizaron dos servidores ocultos no controlados por personal de la JCE de ese país, se alteraron actas y falsificaron firmas de los oficiales de las mesas electorales. Por eso la justicia boliviana ha procesado 34 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
Ante el cúmulo de errores detectados en nuestra Auditoría surge el dilema: ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la JCE y de los técnicos por el daño a nuestra democracia y por el despilfarro de más de RD$3,000 millones? ¿Se cometieron delitos que deberían ser perseguidos por la Procuraduría Electoral?
Es obvio que no conviene modificar ahora la composición de la JCE, pero la Procuraduría debería abrir una investigación sobre los hechos y determinar si hubo algún delito electoral cometido por funcionarios, técnicos o empleados de la Junta.
Finalmente, se abre una oportunidad inédita para ampliar las medidas de adecentamiento de todas las áreas técnicas de la JCE y de las Juntas Municipales, así como para neutralizar la propaganda y gastos de corte electoreros del gobierno. Hay que profundizar.
Una crisis de esta gravedad es demasiado importante para desperdiciarla.