Policía Nacional detuvo a más de mil personas entre domingo y lunes por violar toque de queda

Un total de 1,170 personas fueron detenidas por violar la medida de Toque de Queda y transitar en las calles desde las cinco de la tarde del domingo y las seis de la mañana de este lunes, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional.

La mayoría de las detenciones se produjeron en el gran Santo Domingo, tano en el Distrito Nacional así como también las zonas de Santo Domingo Norte, Este y Oeste.

Por igual un gran auge de ciudadanos fueron apresados en La Altagracia, Barahona, San Juan de la Maguana, Bonao, Duarte, Santiago de los Caballeros y Puerto Plata.

A partir del pasado sábado comenzó la tercera etapa del Toque de Queda, anunciada mediante decreto el pasado viernes. A pesar de los rumores de que esta vez sería hasta las 24 horas del día, el toque de queda se mantendrá con el mismo horario de cinco de la tarde a seis de la mañana.

Durante la primera etapa fueron apresadas un total de 24,168 personas y en la segunda, se detuvieron 17,539 ciudadanos.

Un toque de queda es la medida que establece un gobierno en situaciones excepcionales para limitar la libre circulación por las calles y la permanencia en los espacios públicos.

La persona que viola esa disposición puede ser detenida por las autoridades y llevada a un cuartel o destacamento. Normalmente estas medidas se toman en circunstancias de guerras, desastres naturales o circunstancias que puedan acabar en conflictos o revoluciones.

Se trata de un derecho fundamental de las personas, consagrado en la Constitución de la República. La única manera de coartar ese derecho es como lo ha hecho el presidente, luego de que el Congreso Nacional le aprobara el estado de emergencia en todo el país.

El toque de queda está tratado de manera amplia en la ley 21-18 sobre la Regulación de Estados de Excepción, que fue establecida a fin de manejar el ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas a las autoridades durante una de estas situaciones especiales, para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Normalmente estas medidas se toman en circunstancias de guerras, desastres naturales o circunstancias que puedan acabar en conflictos o revoluciones.