El Tribunal Constitucional rechazó una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Dominicana de Municipios, en contra del artículo 138 del Decreto 523-09, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública.

Declaró conforme con la Constitución el texto impugnado, que dispone el pago de una indemnización económica a los funcionarios o servidores públicos que no hayan sido incorporados al sistema de carrera administrativa o a una carrera especial, en caso de cese injustificado.

El Tribunal Constitucional consideró que con la normativa establecida en el artículo 138 del Decreto 523-09, lo que se hace es proteger a los funcionarios o servidores públicos de los ayuntamientos y de otras instituciones públicas que no están incorporados al sistema de carrera y hayan sido cesados de forma injustificada.