Los dos generales y la fisura del orden democrático

En el fragor de la confrontación política que de un tiempo a esta parte domina la atención de la sociedad, la democracia ha sido manchada y debilitada hasta producir fisuras en sus pilares fundamentales. Al ordenar un cerco policial y militar al Congreso Nacional, el primer poder del Estado, no solo incurre en una violación de la Constitución de la República ignorando abiertamente la sagrada separación y división de poderes, sino que salpica de una manera innecesaria la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, poniendo en entredicho ante la sociedad no solo la legitimidad de sus roles y misiones constitucionales, sino también afectando su imagen frente al país, cuyos lineamientos filosóficos y operacionales se describen sin un mínimo de dudas en los artículos 252 y 255 de la Carta Magna.

Ante este uso absurdo del poder yo me pregunto: ¿Tenían atribuciones los presidentes de las cámaras legislativas para “ordenar” al Ministro de Defensa y al Director General de la Policía Nacional la ocupación del recinto congresual, obviando los mandatos de la misma Carta Sustantiva que solo atribuye al Poder Ejecutivo en la persona del Presidente de la República esta autoridad de mando supremo?

De ser así, y la orden de militarización provino ciertamente de los incumbentes de ambas cámaras del Congreso, ¿acaso estos no habrán incurrido también en la usurpación deliberada de otro poder del Estado en violación a la misma Constitución en su artículo 4 relativo a la independencia de poderes?

Desde mi punto de vista, este bochornoso episodio que se produce en “tiempos de democracia”, constituye en una mancha inconstitucional imborrable que merece un análisis ponderado, por lo que habrá que conceptualizar algunos puntos para mayor claridad de estas reflexiones. Empecemos por el Congreso Nacional.

Esta institución legislativa está tutelada por el Art. 4 de la Constitución de República, que la consagra como el primer poder del Estado, además de ser reforzada por la supremacía de la indispensable independencia y separación de poderes, requisito esencial sin el cual la democracia es ficticia, la República sería un simulacro y el Estado de Derecho se degradaría a simples enunciados poéticos. De manera, que el Congreso Nacional es el “vientre materno” de los demás poderes del Estado.

Más grave aún, de acuerdo con esta lógica de usurpación de autoridad no nos extrañemos que de ahora en adelante veamos que los cambios de los altos mandos militares y policiales provengan de resoluciones del Congreso y no de los tradicionales decretos presidenciales. ¡Qué garrafal error!

En otro orden, desde el ámbito del Derecho Político, el estado de sitio se define como aquel régimen de excepción que impone el poder ejecutivo, de manera particular por el jefe de Estado, y con autorización del órgano legislativo correspondiente, para ejecutarlo; representando una equivalencia conceptual al de estado de guerra y, por ello, se les ordena y otorgan a las fuerzas armadas las facultades para actos de represión, y la suspensión de las garantías constitucionales.

En este contexto, podemos decir que se cometieron varios errores graves de un alto costo político para el gobierno, además de pérdidas significativas en términos de la institucionalidad democrática e imagen pública en el exterior, cuyos primeros indicios han producido espanto en el Cuerpo Diplomático y han llamado la atención de numerosos diarios de todo el planeta.

El primer grave error fue dar la orden de militarizar ese sacro recinto legislativo, decisión que ignoró abiertamente el mandato del artículo 252 numeral 2 de la Constitución, donde solo autoriza a las FF.AA. a “concurrir en AUXILIO de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales”.

La esencia de este mandato constitucional es la siguiente: Estas instituciones pueden actuar siempre y cuando la Policía Nacional se vea desbordada en sus capacidades operacionales de control del orden público -que no era el caso en cuestión-, y en todo caso, las tropas militares siempre deberían estar subordinadas al mando policial, pues acuden en calidad de “auxiliares” de la misma.

El segundo gran error fue provocar una abierta y confusa dualidad de mando, al designar para esta “misión” dos oficiales generales con formación doctrinaria y operacional diferentes. Y como era de suponer, ocurrió la natural confusión de mandos y dirección entre las tropas, que en un momento pareció salirse del control cuando se produjo la innecesaria acción represiva a ciudadanos desarmados y en actitud pacífica, entre los cuales se encontraban legisladores del mismo congreso y del mismo partido de gobierno, quienes además portaban el permiso correspondiente para realizar esa actividad.

Debido a la irresponsabilidad y falta de tacto de algún funcionario con evidentes poderes, se ha querido echar la culpa de esta vergonzosa situación a dichos generales por aquel atropello, pero con la experiencia que supone haber sido jefe policial por tres años, me permito señalar que, si bien es cierto que solo debería haber actuado la Policía Nacional en su rol de seguridad pública, no menos cierto es que ambos recibieron órdenes del más alto mando civil y político.

Me consta que el contraalmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada Dominicana, es tal vez el oficial de las FF.AA. de mayor preparación académica, de la más dilatada experiencia institucional y de liderazgo reconocido. Pero de igual manera, el general de brigada Máximo Arturo Báez Aybar, P.N., también es un oficial de amplia trayectoria policial, entrenado en resolución de conflictos, de bajo perfil, y de alta formación académica.

Por tanto, es injusto “cargarle” a ellos o sus respectivos “jefes” esa responsabilidad, sabiendo todo el mundo que los verdaderos responsables son actores políticos de muy alto nivel jerárquico, y que con esas acciones solo han contribuido a debilitar más la institucionalidad de los cuerpos castrenses, provocando entre ellos los disgustos y pérdida de confianza.

Bien lo decía el general Napoleón Bonaparte, uno de los mayores estrategas militares y políticos de todos los tiempos que: “Es mejor un mal general que dos buenos”.

El fin de este penoso episodio solo se produjo cuando las tropas que tenían la misión de cercar el edificio del congreso y sus alrededores, recibieron la nueva “orden de retirada” del presidente del Senado, lo cual es de suponer que no se produjo por su convicción democrática, sino por la gran dignidad de muchos legisladores que se opusieron a sesionar bajo ese vergonzoso estado de sitio, y demandaron su retiro, no sin esto poder borrar de la historia la peor mancha a la democracia dominicana.

Que sea esta una lección para el liderazgo político relativo al uso de la fuerza militar y policial, para que en el futuro respeten sus valores institucionales y doctrinales como centinelas y guardianes de la Patria y apegados a los más altos principios democráticos y de libertad por lo que sus miembros han sido entrenados.

¡Respetemos la democracia y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional! ¡DIOS, PATRIA y LIBERTAD!

El autor es miembro del Círculo Delta. fuerzadelta3@gmail.com