El territorio como base del desarrollo nacional

Siendo un Estado insular, República Dominicana debe asumir como sagrado el cometido de la defensa, cuidado y desarrollo de su territorio. De los 77,000 Km2 con que cuenta la isla de Santo Domingo, compartida por República Dominicana y Haití, nuestro país posee unos 48,442 Km2, es decir las dos terceras partes. Siendo éste el único caso de su tipo en el mundo: una isla compartida por dos estados soberanos, con diferencias substanciales en nivel de desarrollo, organización política, patrones culturales, idioma, condicionamientos históricos, entre otros factores.

Ahora bien, desde nuestra visión de Estado, el territorio es mucho más que una extensión de terreno pura y simple. El territorio es el ámbito natural en el cual se desenvuelve la vida, condicionado por la infraestructura y la estructura social cuando hace presencia el ser humano con sus obras. Por tal razón, la complejidad territorial de mayor grado es la resultante de, al menos, tres dimensiones, a saber: la natural, la sociocultural y la tecnológica. Entendido así, nos damos cuenta de que el territorio debe ser el denominador común de las políticas públicas para el desarrollo nacional.

Ahora bien, es necesario pasar de la abstracción conceptual del territorio a la realidad concreta en la cual aplicamos las políticas públicas a través de planes, programas, proyectos y acciones. En tal sentido, en términos llanos podemos definir el territorio como el lugar donde vive la gente: el barrio o la comunidad, la ciudad, el municipio, la provincia, la región, el país. Esas demarcaciones administrativas o políticas nos facilitan aprender la noción de territorio, identificando condiciones naturales, de infraestructuras, edificaciones, estructuras sociales y manifestaciones culturales.

En el caso de República Dominicana el territorio es altamente heterogéneo a pesar de su limitada extensión. En efecto, nuestro territorio cuenta con microclimas húmedos, secos y áridos. A la vez, posee llanuras costeras, valles, sierras, cordilleras y cuencas hidrográficas de diversas escalas. A estas condiciones geográficas se suman las diferenciaciones tecnológicas y culturales, marcando las múltiples expresiones territoriales de las localidades.

A esa heterogeneidad territorial le acompañan las diferentes categorías de división administrativa y política del Estado dominicano, a saber: regiones, provincias, municipios y distritos municipales. Actualmente se cuenta con 10 regiones, para la planificación y la gestión de políticas públicas; con un Distrito Nacional, asiento de la Capital de la República, con funciones político-administrativas y un gobierno local autónomo; con 31 provincias con funciones político-administrativas y gobernaciones dependientes del Poder Ejecutivo; con 158 municipios y 232 distritos municipales con funciones político-administrativas y gobiernos locales.

Por esa diversidad de localidades con características distintas, si se pretende auspiciar el desarrollo integral de la Nación, se hace necesario asumir el reconocimiento de las condiciones y potencialidades del territorio de cada demarcación. En el marco de las condiciones de cada localidad, nos corresponde identificar sus características, problemáticas y necesidades; en el ámbito de las potencialidades, se requiere identificar la vocación y las oportunidades de desarrollo que presenta.

Por dicha razón, podríamos establecer una taxonomía municipal que permita clasificar las localidades sobre la base de sus condiciones y potencialidades territoriales. De esa forma se lograría facilitar tanto el diseño como la aplicación de políticas de desarrollo a escala nacional y local. Por ejemplo, es diferente la situación de un municipio como Boca Chica que la situación de un municipio como Loma de Cabrera.

Boca Chica, con población predominantemente urbana, se encuentra en un territorio de llanura costera en la zona metropolitana de Santo Domingo, con tradición en turismo local e internacional, presencia de hoteles de diversas categorías, una marina y grandes infraestructuras de logística como el Aeropuerto Internacional de las Américas y el Puerto Multimodal Caucedo; a la vez, presenta grandes precariedades en infraestructura de servicios y habitabilidad en su casco urbano. Por su lado, Loma de Cabrera, con población predominantemente rural, está ubicado en un territorio montañoso en la zona fronteriza, con vocación agrícola, presentando limitaciones de infraestructura de accesibilidad, de servicios y de producción.

Como se evidencia, las diferenciaciones en condiciones y potencialidades territoriales de cada localidad podrán determinar las políticas públicas para el desarrollo, de forma que no se apliquen indiscriminadamente en el ámbito nacional. Esa estrategia de gestión del desarrollo permitirá una actuación gubernamental más efectiva en procura del desarrollo económico, de la justicia social y del manejo responsable de los recursos naturales. Por otra parte, es necesario considerar que el territorio dominicano está sometido a grandes riesgos, tomando en cuenta amenazas como los diversos efectos del cambio climático, los movimientos telúricos, la desertificación, el crimen organizado transnacional, la inmigración masiva irregular, la ocupación descontrolada del suelo, la explotación no sustentable de recursos naturales, entre otros. Estas amenazas representan importantes riesgos para el país, al adolecer de grandes debilidades institucionales en el ámbito de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, del ordenamiento territorial, de la gestión fronteriza, de la gestión local, entre otros.

Entendiendo el territorio como el factor estratégico del desarrollo sostenible de República Dominicana, y verificando el alto grado de riesgos al que está sometido, se requiere un gobierno centrado en su gestión integral. En el territorio es que se desenvuelve la cotidianidad de la gente, es donde nace, donde se forma en una familia y en una comunidad, es donde estudia, donde trabaja, donde disfruta o padece, es donde transcurre la vida del hombre y la mujer dominicanos, es donde a fin de cuentas puede perfilar su futuro.

Todas las políticas públicas generales y sectoriales deben tener una traducción territorial para garantizar que impacten en la calidad de vida de la gente. Las políticas de empleo, de producción, de comercio, de turismo, de transparencia e integridad gubernamental, de reforma y modernización del Estado, de seguridad ciudadana, de seguridad nacional, de salud, de educación, de mujer, de juventud, de medio ambiente, de infraestructura, entre otras, deben abordar el territorio como su ámbito final de aplicación. La vivienda, el barrio o el poblado, el municipio, la provincia, la región y el país se constituyen en los escenarios territoriales en los cuales debemos atender los problemas de la gente, apoyándoles en la materialización de sus sueños.