Respuesta a la justicia denegada: 202 linchamientos en 10 años

A casi tres años de su asesinato, los familiares del segundo teniente Genaro Javier Araujo esperan justicia. El 13 de mayo de 2016, en la comunidad Rincón de Yuboa, de la provincia Monseñor Nouel, Genaro se encontraba de servicio y conducía una camioneta policial. Recibió dos disparos mientras estaba dentro del vehículo, uno en la espalda y otro en la cara. Genaro llevaba 17 años de labor policial. Su caso aún no tiene justicia.

Ser policía en servicio no da garantías en la república de las injusticias.

Desde la muerte, su familia empezó un largo camino. Se dirigieron al Procurador Fiscal de la provincia Monseñor Nouel para que agilizara las investigaciones y señalara a los culpables del hecho, pero no recibieron respuesta. Luego, solicitaron al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, el 14 de febrero y el 1 de mayo del 2017, la designación de un fiscal particular para investigar el caso. Tampoco se hizo nada.

Cansados de esperar, sus familiares se agruparon el jueves 22 de noviembre de 2018 frente a la Procuraduría General de la República. Mientras mostraban carteles en los que se veía el cuerpo ensangrentado del oficial, pedían que designaran a un fiscal para que hiciera las investigaciones de lugar.

Representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que acompañan en el proceso a los Araujo, se quejan de que a pesar de los numerosos esfuerzos ante los organismos investigativos de la Policía Nacional y el Ministerio Público todo ha sido en vano.

Según la legislación dominicana, el proceso debió terminar en máximo un año. Lo que le pasó a Genaro, le ocurre a muchos en República Dominicana. El año de su muerte, hubo 1,616 denuncias por homicidios. De estas, pocas avanzaron. Una muestra de la lentitud de la justicia en República Dominicana.

Entre las denuncias presentadas a la policía, la investigación que deben seguir los fiscales y, finalmente, el proceso de condena que recae en los jueces hay un problema: la lentitud, falta de coordinación y acceso. Esto hace que la población dominicana espere años por la justicia que, a veces, ni esperando llega. Los más pobres la pasan peor. Para que un caso avance no alcanza con los hechos, los testigos y el seguimiento. Hay que conocer el mecanismo para acceder o contratar abogados que lo conozcan, y eso dificulta el acceso a la justicia.

Muchos recurren a una idea de justicia por mano propia. Desde 2008 a mediados de 2018, hubo 202 linchamientos en el país, casi todos en comunidades al margen de Justicia y de todo lo demás. Lugares con altos índices de pobreza, como Tamayo; con falta de acceso a servicios básicos como Villa Mella; con elevados niveles de violencia como Santiago y San Cristóbal; con poco patrullaje policial, como Boca Chica o con un incremento del narcotráfico como Peravia. Un recorrido por esas localidades muestra la postergación.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2017, expone que “más de tres cuartas partes de los hogares dominicanos consideran la delincuencia como uno de los principales problemas del país (76.6%)”. El sondeo refleja también que Cibao Nordeste (las provincias Duarte, Salcedo, María Trinidad Sánchez y Samaná) es la región con “la más alta proporción de casas que lo identifica como tal” con un 85.6%.

De acuerdo a la encuesta, un poco más de tres cuartas partes (76.5 %) de los hogares a nivel nacional, considera que la delincuencia en el país se debe al desempleo; 30.0% a la pobreza y un 15.8% a la falta de oportunidades para estudiar.

Estas cifras demuestran que, en lugar de mejorar, empeoró la percepción de la criminalidad por parte de la población. En Enhogar 2015, 72 de cada 100 personas manifestaron tener presente la delincuencia en sus conversaciones durante las dos semanas previas al sondeo. En esa ocasión, más del 70 por ciento de los encuestados destacó a la inseguridad ciudadana como el principal problema del país, sin importar el nivel o grupo socioeconómico al que pertenecían.

LISTÍN DIARIO, con el apoyo de la Iniciativa de Periodismo de Investigación para las Américas de ICFJ en alianza con Connectas, presentó un total de 17 pedidos de acceso a información a la Policía Nacional, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Procuraduría de la República, la División de Estadísticas Judiciales del Consejo del Poder Judicial, la Dirección General de Prisiones y al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario para conocer la cantidad de denuncias de robos y homicidios por año y saber cuáles de esos casos tuvieron condena.

Las respuestas muestran que la Justicia ni siquiera cuenta: no existen registros de cuáles denuncias terminaron en sentencias.

Además, se observaron las cifras de linchamiento recolectadas por el Departamento de Información y Estadística de la Policía y se construyó una base de datos propia de acuerdo a información publicada en los medios. Eso demostró que la poca respuesta y condena en hechos de robos y la lentitud del sistema judicial al juzgar homicidios tienen consecuencias fatales, como los linchamientos, en los que pierden culpables e inocentes.

Las estadísticas oficiales de Policía muestran 167 casos de linchamientos en el país desde 2008 y hasta mediados de 2018. Pero en esta investigación se identificaron 202 a nivel nacional al volver a sumar las cifras de Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo y Valverde. La mayoría ocurrió en comunidades de escasos recursos.

“La gente se cansó de llevar las personas a la fiscalía más cercana y ver que le ponen tres o dos meses (de prisión) y luego vuelven a lo mismo”, explica Zoila Martínez, la Defensora del Pueblo.

Las estadísticas de la Policía Nacional muestran que en 2017 se dieron los niveles más altos de linchamientos en los últimos tres años. El año coincide con la mayor cantidad de denuncias por robo (58,286) y menor número de personas condenadas por ese crimen (1,701). 21 sucesos se registraron en 2017 en 12 ciudades: el mayor número en Santiago y Santo Domingo, seguido por San Cristóbal, Monte Plata, La Altagracia y La Romana.

Desde 2008 a 2018, Santo Domingo encabeza el listado con 67, siguen San Cristóbal (27) y Santiago (18), luego el Distrito Nacional, con diez; y Duarte, con ocho. La Vega, Monte Plata y Barahona empatan con siete casos.

[PONER GRAFICO INTERACTIVO #3 Linchamientos por provincias en República Dominicana del 2008 al 2018 ]

La mayoría de los linchamientos se dio en comunidades apartadas del centro de la ciudad y la principal causa que los genera es el robo. También hay casos en que fueron una respuesta por homicidio; asesinato de niños o niñas; violaciones e intento de violación, o violencia intrafamiliar. En algunas muertes, a la poca efectividad del sistema judicial y policial, se agregó el aumento de robos y homicidios y rechazo a los extranjeros.

En todos aparece una saña casi primitiva, visceral: golpes, disparos y heridas punzantes o pedradas, esas formas de asesinato las utilizaron en Villa Mella y en San Cristóbal. También queman vivas a las personas o incendian sus cuerpos luego de matarlas. Algunas veces, sacan a las víctimas de ambulancias, destacamentos policiales y centros hospitalarios, como ocurrió en Tamayo en 2015 cuando una multitud sacó de la sala de emergencias del hospital Julia Santana a un joven apodado Francis, y le quitó la vida tras acusarlo de un atraco.

Hasta mayo de 2018, la Policía registró un total de seis casos: uno más que en el mismo período del año anterior. La falta de cultura estadística en República Dominicana evidencia una carencia fundamental para analizar la gestión y tomar decisiones.

Fallas en el sistema

Para Mairobi Herrera, una mujer de 30 años de edad, la inseguridad y la poca acción policíaca se traducen en impotencia. En 2017 fue víctima de robo en la ciudad turística La Romana. Dos individuos entraron a su casa en la madrugada y, apuntando sus pistolas hacia ella y su esposo, amenazaron con llevarse a su hija si no le daban todo lo que tenían. Ellos dieron dinero, celulares, electrodomésticos y equipos fotográficos. A pesar de que el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, la Policía no encontró a los culpables. Tampoco apareció nada de lo robado.

Mairobi insistió durante un mes con viajes a la Policía y la Fiscalía. Se encargó de buscar pruebas y posibles sospechosos. Nada de esto funcionó. Solo le quedaron pesadillas y angustia: “Es algo que nunca voy a olvidar. Me siento impotente”, dice.

La escasa sentencia para los robos se evidencia en las cifras. De 2014 a 2017, hubo 95,575 denuncias y sólo 8,063 personas condenadas a nivel nacional.

[PONER GRAFICO INTERACTIVO #1 Denuncias de robos vs. condenas por robo en República Dominicana]

En el caso de las muertes, como las de Genaro Javier Araujo, no podemos conocer cuáles de las 6,665 denuncias presentadas por homicidios entre 2014 a 2017 fueron condenadas: la Justicia no lleva un seguimiento de avance de casos.

No podemos saber eso, pero sí otras cosas.

En 2018, 322 personas murieron a manos de la delincuencia. Las personas juzgadas por homicidio fueron 5,797 desde 2014 a 2017, pero puede que muchas de ellas hayan recibido condena en primer grado y luego haber sido liberadas tras una apelación: no sabemos, la justicia no cuenta.

Algo más que sabemos: el embudo en la Justicia en los casos de homicidios, robos y otros delitos, llena las cárceles de presos sin condena: 11,285 en el Modelo Tradicional y 4,588 en el Nuevo Modelo hasta el 10 de enero del 2019. A esto se suma el aumento de la violencia en las calles y la falta de conciencia del funcionamiento de la Justicia por parte de la propia Justicia: ni siquiera tienen estadísticas que permitan analizar el funcionamiento y la evolución de esos crímenes.

“Los tribunales no dan a basto. Un juez ve 30 o 40 casos diarios. Hay que promover salidas alternas, como mediación comunitaria, criterio de oportunidad y suspensión condicional, pero eso requiere un cambio cultural de los actores, porque al fiscal no se le forma para entender el proceso penal como última ratio”, sostiene la abogada y docente universitaria Orlidy Inoa.

En el caso de que atrapen a los culpables de una muerte, las probabilidades indican que pasarían a formar parte de la montaña de internos bajo investigación en el Viejo y Nuevo Modelo Penitenciario que empezó a regir como plan piloto desde 2003 y modificó las reglas de juego, y que esperan mucho más del año que ordena la ley para ir a juicio. De 2014 a 2017, contamos un total de 2,217 presos preventivos por homicidio en el sistema tradicional y 4,321 en el nuevo.

También, correspondientes a ese cuatrienio, contabilizamos un total de 3,086 presos investigados por robo en las cárceles del Viejo Modelo y 5,344 en el Nuevo Modelo. Algunos de esos preventivos esperan su condena desde hace años. No pudimos obtener la cifra exacta de los de nuevo ingreso porque la Dirección General de Prisiones hace una suma general, de los presos que quedan del periodo anterior.

Al finalizar diciembre de 2018, el Viejo Modelo presentaba un acumulado de 4,642 preventivos por homicidio y 5,215 por robo. La mayor cantidad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria con 2,301 y 2,597 respectivamente.

En cierto modo, generalizan el problema de los preventivos.

Linchamientos

Con el más reciente caso de linchamiento ocurrido en Santo Domingo Oeste, el 8 de diciembre de 2018, la cifra va en aumento. Ese día, moradores del barrio Los Caballeros, en Pantoja, asesinaron al cabo de la Policía Emilio José Urbaez Encarnación al que “habían visto cometiendo múltiples asaltos en la zona”. También quemaron la motocicleta en la que viajaba junto a otro hombre que logró escapar de la furia de la multitud.

Según la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el caso se encuentra “bajo investigación” y hasta la fecha hay una persona apresada.

Para estos reportajes, se examinaron en publicaciones de la prensa 67 casos de linchamiento y 53 intentos. No hay un registro oficial de estos últimos. Se escogieron estos casos debido a que proporcionaban detalles de lugar, nombres de las víctimas, entre otros.

PONER PDF O DIAPOSITIVA SOBRE LINCHAMIENTOS

En un recorrido por las comunidades de Villa Mella, Boca Chica, Santiago, San Cristóbal, Tamayo y Baní, la población se quejó ante la poca acción de la Justicia. En Villa Mella dijeron que en sus barrios el Estado se ausentó por completo: hay pocos policías, no hay iluminación, y desde hace más de 20 años reclaman el arreglo de sus calles y la instalación del servicio de agua. Además, temen al involucramiento de la Policía en los crímenes.

En Boca Chica la queja es que, tanto nacionales como turistas, sufren por los robos continuos que quedan en nada. En Santiago, los remanentes de un linchamiento mantienen en agonía a la comunidad haitiana, mientras que negocios en otros sectores de esa ciudad cierran más temprano debido a la delincuencia.

Para la socióloga Tahira Vargas, la venganza es una práctica muy vieja en la sociedad dominicana y se fortaleció durante las dictaduras de Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer. Vargas considera que al igual que en el resto de la nación, en San Cristóbal quedan restos de la cultura autoritaria heredada de los 30 años del régimen trujillista.

En Tamayo, la falta de conocimiento de los derechos hace que el homicidio de un joven se mantenga impune. En Baní, las víctimas de robo no creen en darle seguimiento a las denuncias. En todos esos lugares, los linchamientos e intentos de ajusticiamiento se mantienen constantes.

La justicia carece de números

El sistema judicial dominicano necesita mejorar el cálculo de las denuncias, investigaciones y condenas. Así se tomarían mejores decisiones para disminuir los altos niveles de violencia.

Por ejemplo, las estadísticas oficiales de linchamientos aportadas por la Policía para estos reportajes están incorrectas. Indican que hay un total de 167 casos, pero en realidad ocurrieron 202 linchamientos si se suma de forma adecuada a Santo Domingo, Valverde, Santiago, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, La Vega, Distrito Nacional, Barahona y Bahoruco.

Alberto Morillo, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, atribuye la pobreza de datos a quienes no denuncian estos hechos. Por eso las cifras aparecen con altos y bajos sin consistencia en el tiempo. “Un mes no denuncias aunque te hayan robado. Otro mes sí denuncias; eso es difícil de controlar”, sostiene.

La falta de cultura estadística en República Dominicana no existe solo en el sistema judicial. A pesar de que hay profesionales de estadísticas en diversas entidades, los gobernantes, al parecer, no aprecian la importancia de conocer esas cantidades.

PONER IMAGEN LA JUSTICIA CARECE DE NÚMEROS

Por ejemplo, las cifras evidencian que el problema en relación a robos es enorme. Las 95,575 denuncias de robo registradas por la Policía Nacional, de 2014 a 2018, se dividen entre simple (69,992), de automotores (23,344) y armas de fuego (2,239).

Aunque en ese periodo, la Policía registró 69,992 querellas por robo simple, de un celular, una cartera o la batería de un carro, no se lleva un registro sistematizado del crimen que afecta a más personas.

La joven Elvira Hernández es el vivo ejemplo. Le robaron en 2008, 2009 (tres veces), 2010, 2011, 2012 y 2016. La última vez, cuando fue a poner la denuncia en el destacamento policial de Los Farallones, en Santo Domingo Este, no había escribiente para levantar los datos. Tampoco tenían energía eléctrica.

El lugar no contaba con una computadora. La hicieron regresar al otro día y redactaron el informe en un libro viejo y deteriorado.

Su caso demuestra que la magnitud del problema de robo ratero se sale del control de las autoridades. Se hicieron 13,013 denuncias de ese tipo de crimen desde enero hasta junio de 2018. De esa cantidad, a 7,197 personas (55.3%) las atracaron mediante el uso de la violencia.

Ninguno de los representantes del Poder Judicial a los que se le solicitó entrevista para este reportaje accedió a hablar. Tampoco se obtuvo una respuesta de los voceros policiales. Mientras tanto la gente espera. Con miedo y deseos de venganza.

Este reportaje fue realizado por Indhira Suero Acosta para Listín Diario en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.

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Metodología

Para este trabajo, Listín Diario presentó tres pedidos de acceso a información a la Policía Nacional, dos al Observatorio de Seguridad Ciudadana, tres a la Oficina Nacional de Estadísticas, cuatro a la Procuraduría de la República, dos a la División de Estadísticas Judiciales del Consejo del Poder Judicial, uno a la Dirección General de Prisiones y dos al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario.

Respondieron con números con los que se construyó una base de datos para saber la relación entre denuncias de robos, homicidios, investigaciones y condenas.

La Procuraduría General no posee un registro de sus investigaciones sobre robo y homicidio. El director de Estadísticas y Análisis de la entidad, Vladimir Hernández, asegura que sugirió en diversas ocasiones que se lleven esos datos. “La misión del Ministerio Público es que el ciudadano reciba respuesta de su ilícito. La investigación no es respuesta”, comenta.

El Poder Judicial no posee estadísticas previas a 2012.

La base de datos de linchamientos se construyó con las cifras de linchamiento recolectadas por el Departamento de Información y Estadística de la Policía y con noticias y reportajes publicados en los medios de comunicación desde 2008 a 2018.