Ministerio público
Acusan a Bautista de incurrir en lavado
Proceso. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, durante el caso Odebrecht.
La investigación sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país que durante más de un año realizó un equipo de fiscales de carrera permitió establecer que el exsenador y expresidente del Senado de la República, Porfirio Andrés Bautista García, no consignó en sus declaraciones juradas de patrimonio, cuentas bancarias y otros bienes en los que mediante estas pesquisas se encontraron rastros del enriquecimiento ilícito por más de mil millones de pesos, dijo el ministerio público.
Igualmente, en la acusación presentada contra Bautista García, se afirma que, además de recibir sobornos pagados por la constructora brasileña y, de paso, blanquear dinero ilícito, el imputado se habría enriquecido ilícitamente mientras ejerció sus funciones como senador por la provincia Espaillat desde el año 1998 hasta el 2006.
En su primera declaración jurada de bienes como funcionario público, de fecha 30 de mayo de 2003, el imputado Bautista García presentó un balance negativo de bienes patrimoniales. En el mismo orden, declaró que para esa fecha el patrimonio neto compuesto por el personal, más el compartido con Serafín Wilfrido Bautista García y José Rafael López Deschamps, es negativo, por un monto de menos de dos millones cuatrocientos diez mil ochocientos doce pesos con veintinueve centavos (RD$2,410,812.29), resultado que se obtiene de la diferencia de los activos y los pasivos declarados, siendo los pasivos mayores que los activos.
Comparación ingresos Tras el órgano acusador realizar la comparación de la declaración jurada de patrimonio del año 2003 (depositada en 2004) con la declaración jurada que posteriormente hizo el imputado Bautista García, el 4 de octubre de 2006, para el período legislativo 2006-2010, se determinó que, al margen de las exorbitantes cifras bancarias excluidas, el encartado incrementó su patrimonio sin explicación razonable de su origen.
El Ministerio Público estableció que dicho imputado, de tener cuatro millones ochocientos veintiocho mil seiscientos veintidós pesos dominicanos con setenta y dos centavos (RD$4,828,622.72) en 2003, pasó a tener un incremento patrimonial estimado en treinta y seis millones setecientos setenta y seis mil novecientos veintitrés pesos.