Abren otro proceso judicial contra Pascual Cabrera acusado de dirigir red desde la cárcel

El Ministerio Público  solicitó que se abra un nuevo proceso judicial contra  Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien guarda prisión por lavado de activos, ahora por presuntamente dirigir una red de narcotráfico y sicariato desde la cárcel.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva en contra de Cabrera Ruiz y otras 13 personas que presuntamente integraban la referida red.

Cabrera Ruiz cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana por delitos de lavado de activos producto del narcotráfico. El nuevo proceso judicial es paralelo por presuntamente dirigir dicha red desde ese recinto penitenciario, la cual fue desmantelada el pasado sábado en una operación conjunta del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, donde fueron abatidos  Francisco Javier Rodríguez Camacho, considerado por las autoridades como el número dos de la estructura criminal, encargado de operaciones de Cabrera Ruiz, y Rubén Junior Sosa, también integrante de la organización.

La información la ofreció la Procuraduría General de la República en una nota donde hace constar que  este lunes fue depositada una instancia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana.

El Ministerio Público, además, de Pascual Cabrera, también solicita la imposición de prisión preventiva contra Juan Ángel Peña Taveras, alias  El Gordito y/o El Gordo; David Emmanuel Silvestre Sierra, alias Chuplu y/o Chuplun y/o Chuplunn; Alexander Florián, alias Rafita; Alex Emmanuel Nina Rosario, alias Alexis; Alba Josefina Cruz, Johan Manuel Jiménez, Ismael José Sentil, Kendry José Ramírez, alias Cdi; Argenis Antonio Cedeño Berroa, y Robelin Peña Junior González, todos de nacionalidad dominicana, y contra la venezolana Edelyz Josney Relledo Vásquez y/o Edeliz Josney Rebolledo Vásquez.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana llevan una investigación contra esos imputados por el tipo penal de operaciones de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, delito de portación y uso ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armas, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, asociación de malhechores y asesinato.

Al grupo se le atribuye la violación de la  Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en los Artículos 4 (e), 5, 58 a, b y c, 60, 75 párrafo III y 85 literales a, b, c y d, la Ley de Armas 631-16, en sus artículos 67, 68 y 70, que sancionan los delitos de portación y uso ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, artículo 3, 4 numeral 12; artículo 6; 7,9 numeral 1 y 2, y los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal Dominicano.

 La institución recordó que la red fue desmantelada el pasado sábado luego de una profunda y activa investigación de inteligencia iniciada hace varios meses por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la DNCD, durante la cual se aplicaron las más modernas técnicas de investigación dando resultados positivos contra el crimen organizado.

 Precisó que la operación mediante la cual desmantelaron la organización criminal fue ejecutada por unos veinte fiscales y más de 200 agentes de la Policía y la DNCD, quienes en el transcurso de la misma ocuparon RD$891,700.00 pesos, varios vehículos, así como diversas armas, incluyendo varios fusiles.

La institución dijo que los operativos y los apresamientos se ejecutaron mediante órdenes judiciales en distintas zonas de Santo Domingo y La Romana, así como en la cárcel pública de San Francisco de Macorís, y en los CCR Rafey Hombres, en Santiago, y  Cucama, de La Romana.

 El Ministerio Público resaltó que el trabajo conjunto con los citados organismos responde al plan estratégico que desarrollan las autoridades para combatir la criminalidad, el cual permitió el desmantelamiento de esa poderosa red, al tiempo que dijo que cuentan con evidencias suficientes para que se les imponga la medida de coerción solicitada y que el caso sea declarado complejo.