El movimiento Marcha Verde aseguró que la estructura de mafia y corrupción descubierta en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) podría estar reproduciéndose en numerosas instituciones del Gobierno, como resultado del contubernio activo o pasivo de las autoridades responsables de validar y fiscalizar las contrataciones de obras y servicios desde el Poder Ejecutivo.

El movimiento advirtió a la ciudadanía que el robo y el derroche de más de RD$3,000 millones que revela la auditoría aplicada a las gestiones de la institución durante el período 2012-2016 “podría ser solo una parte del amplio modelo de desfalco instalado en el Estado financiar los proyectos políticos-electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Para el colectivo, el caso de la OMSA obliga a una investigación penal de los técnicos y altos funcionarios de la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que le expliquen al país con detalle cómo fue posible que por más de casi cinco años funcionarios de la institución se conviertan en suplidores de la entidad.