Carla, la muerte que enlutó al país

Intrigas e interrogantes siguen rodeando la desaparición y muerte de la niña Carla Massiel Cabrera ante versiones de extracción de órganos.

El hecho ha generado más preguntas que respuestas debido a un hermetismo absoluto por parte de las autoridades que no han develado hasta la fecha ni los motivos ni las causas del suceso, así como el silencio de algunos de los señalados que no aceptan de ninguna forma hablar con los medios de comunicación.

Todo comenzó el 25 de junio de 2015 cuando la menor de 10 años desapareció misteriosamente en la misma calle de su hogar en la comunidad Los García, ubicada en Pedro Brand, Santo Domingo Oeste.

Durante más de un año la sociedad dominicana estuvo consternada y pendiente al caso, ya que era incomprensible que una infante se esfumara ante la vista de todos sin dejar ningún tipo de rastro.

El cuerpo de la niña fue desenterrado el 16 de agosto de este año a tan solo 500 metros de la vivienda de Diolandita Cabrera y Manuel Reyes; padres de Carla Massiel Cabrera, por indicaciones de quien lo enterró: Dawin José Trinidad Infante, quien le dio la información a la fiscal de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías.

Los restos estaban en unos terrenos que se encuentran detrás de la finca de Hipólito Santana, médico fundador de las clínicas Integral de la zona oriental y quien falleció en agosto de 2015.

Las primeras informaciones de la desaparición detallaban que la menor se encontraba en un culto evangélico en horas de la noche junto a su gemela Perla Massiel Cabrera; sin embargo, ninguno de los que se encontraban en la ceremonia las vio.

Trinidad Infante es el principal acusado del asesinato de Carla Massiel, junto a Juan Cabral Martínez (Chuti), y además es quien más ha declarado en torno al caso después de la familia de la víctima.

Dawin se encontraba preso junto a Chuti desde el 29 de diciembre de 2015 por este y otros casos de violación a menores de edad, pero tuvieron que pasar ocho meses para que las autoridades lograran que él los condujera al lugar donde se encontraba la osamenta de la niña.

Desde la cárcel afirmó mediante una nota de voz difundida en el Show del Mediodía que el asesinato de la menor tuvo que ver con la extracción de órganos, lo que desató aun más el pánico en la sociedad.

“Yo lo que quiero decir es que esas instituciones que están investigando a ver si el caso fue de órganos, yo estoy seguro un 100% de que fue así, lo que pasa es que ellos lo van a tratar de descartar porque hay millones y millones en riesgo”, dijo Trinidad Infante.

Tres días después, la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo intervino las tres clínicas del grupo Integral, cuya orden de un juez estuvo sustentada en la sospecha de violación a los artículos de las leyes sobre Regulación de ”rganos, Lavado de Activos, Trata de Personas, ultraje a la Ley General de la Salud y al Código del Menor.

El documento resaltaba que las clínicas habían violado los artículos 9, 10, 11, 20, 21, 110 y 405 de la Ley 329-98 de Regulación de ”rganos; la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 136-03, en perjuicio “de la menor de edad C.M.C.P (siglas que coinciden con el nombre de Carla Massiel Cabrera Pérez) y del Estado dominicano”.

Los centros duraron alrededor de dos días cerrados y fueron reabiertos porque alegadamente las autoridades habían concluido con sus indagatorias. Algunos expertos, como los doctores Fernando Morales Billini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort), y el transplantólogo Jiomar Figueroa, han dicho que es imposible la extracción de órganos para tráfico ilegal en el país y atribuyen a “fábulas” las versiones que han surgido al respecto.

Única versión de la familia Santana Por su parte, Amarilis Taveras, viuda del fundador de las clínicas del grupo Integral, ha negado los señalamientos en contra de su familia por el principal acusado de la desaparición y asesinato de Carla.

Según Dawin, la hija del doctor Santana, Liliana Santana, le había dado 3,600 dólares para secuestrar y entregarle viva a Carla Massiel, supuestamente para hacer un “experimento rarísimo”; pero que posteriormente se la entregaron muerta con una herida en forma de “J” para que él la enterrara.

No obstante, en una entrevista que le realizó la periodista Alicia Ortega a la viuda de Santana, y que fue difundida por el programa El Informe, esta aseguró que su familia no conoce a Dawin, y rechazan que trabajara alguna vez con el doctor Santana en su finca.

“No queríamos estar en la prensa porque sabemos el riesgo que corre Liliana, sabemos el riesgo que corremos como familia, no sabemos quién está detrás de todo esto, pero sí lo vamos a averiguar”, expresó la viuda del doctor Santana.

El defensor de la familia también dijo que han realizado sus propias investigaciones y se reservarán el derecho de tomar acciones legales.

“Nosotros sabemos un nombre específico, específicamente un funcionario que está o pudiera estar detrás de esto, no vamos a revelar el nombre, pero que él sepa que nosotros estamos pendientes de él”, dijo. A pesar de los esfuerzos realizados por Listín Diario para hablar con la familia Santana, esto ha sido imposible.

Todo un misterio ¿Quién la mató, cómo lo hizo y cuál fue el motivo del asesinato?

¿Por qué el asesino lanzaría el cadáver en una propiedad privada que estaba cerrada con candado? (Cuyos terrenos quedan detrás de la finca del doctor Santana). ¿Por qué el acusado se inventaría la extracción de órganos o el “experimento rarísimo”? ¿Por qué las autoridades duraron más de un año para encontrar la osamenta si el acusado llevaba meses preso y señalado como el secuestrador de Carla Massiel?

DEMANDA Recientemente la familia de la menor Carla Massiel Cabrera presentó acusación formal en contra de Liliana Santana, hija del dueño de la Clínica Integral.

La acusación particular fue presentada por los abogados de la familia de la víctima, Plutarco Jáquez y Francisco Cordero, en contra de Santana, por no estar de acuerdo con que esta fuera excluida del expediente acusatorio. Estos pidieron que se dicte en su contra prisión preventiva, por sospecha de estar la misma vinculada directamente a los hechos y que con su comportamiento queda establecido el peligro de fuga.

En el sometimiento, con constitución en actor civil, también fueron incluidos Dawin José Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez, contra quienes el ministerio público formuló acusación por asociación de malhechores, asesinato y rapto de menores.

La defensa también adelantó que recusarían a la fiscal de la provincia, Olga Diná Llaverías, a fin de que no intervenga en el proceso, por entender que ella hizo una serie de procedimientos en la investigación donde no consultó a los familiares de la menor asesinada.

Plutarco Jáquez explicó que la fiscal nunca invitó a la madre de la niña y también querellante a las actividades del proceso y que también se conoció medida de coerción en contra Trinidad Infante y Cabral Martínez, sin la presencia de ella, además de que tampoco les informó sobre el conocimiento de la solicitud de juicio preliminar en contra de los imputados.