Motoristas infunden temor a las autoridades

El mandato que le dio el electorado al presidente Medina con más del 62% de los votos habría sido para formar un gobierno mejor que el presente y que los anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, época durante la cual no ha disminuido la delincuencia y la criminalidad.

El plan anunciado por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, Monchy; el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el jefe de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, se parece mucho a otros que fracasaron.

El miedo de los gobiernos con los motoristas, que se creía que era solamente cosa de la víspera de la campaña electoral, se mantiene. La gente quizás esperaba que se prohibiera la circulación de dos personas en motores, excepto los del motoconcho, debidamente identificados.

Las autoridades no han puesto caso a tantas denuncias de que circulan muchos vehículos sin placa, contraviniendo la ley. Ya no solamente son los motoristas en todo el país. Es una situación que se ha agravado con el tiempo por la incompetencia de las autoridades.

Con los motoristas se ha sido tan benevolente que aun los de alto cilindraje no pagan peaje, pese a que a veces cuestan más que los carros de la gente humilde. La realidad choca contra cualquier noción que quiera exonerar a ese sector social de los problemas de la seguridad.

Cuando hace años se lanzó el programa Barrio Seguro, se logró una mejoría en la situación de seguridad de la capital porque se involucró a la población en la solución de los problemas que afectan a las comunidades. Ahora las medidas podrían ser vistas como represivas.

Se diría que no lo son tanto porque se trata de una repetición de anuncios anteriores sobre el patrullaje de policías y militares en las ciudades, el retiro de los policías y militares que prestan servicios a los civiles y otras menudencias que se olvidarán pronto.

Daño al turismo Si bien los ataques de delincuentes a los ciudadanos indefensos, que están dañando la reputación de la República Dominicana, un destino turístico incomparable en el Caribe, pudieran disminuir por los patrullajes, volverán más tarde porque esas medidas son de corto plazo.

Algo que sorprende a los dominicanos cuando viajan a Cuba, el otro país competidor de la RD, es la ausencia de bandidaje callejero, lo que permite que las personas se desplacen a pie por los sitios de esparcimiento sin el temor de que le arrebaten celulares y de ser desvalijados.

Entre el ministro de Interior y Policía actual, Monchy Fadul y su antecesor, Franklin Almeida Rancier, se ha consumido la mayor parte de los regímenes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El daño de convertir a ese ministerio en una agencia recaudadora es notable.

Durante el régimen del presidente Hipólito Mejía, Interior y Policía comenzó poco a poco a convertirse en una agencia de recaudación. Un “sabio” ideó la fórmula para que los dominicanos del exterior pagaran desde allá los permisos de porte y tenencia de armas.

Se creía que cuando se inauguró el primer gobierno del doctor Fernández, una de las medidas que se adoptarían era desarmar a la población civil que no requería defenderse, apretar las regulaciones para la obtención de licencias de armas y mantener un estricto control.

En el país no se sabe cuántas armas están regadas entre los delincuentes, que cruzan la frontera con Haití para hacerse de armas con facilidad y a un costo mucho más bajo que las del mercado dominicano. El trasiego, como el de drogas, es un negocio de renta incalculable.

Hay quienes creen que las medidas que se acaban de tomar llegan tarde puesto que no tienen la contundencia como para sacar de las calles a los delincuentes, que desafían todo tipo de peligro porque muchas veces los mueve el impulso de satisfacer el vicio de las drogas.

Registro de motores El pasado jueves LISTIN DIARIO publicó como su primera noticia de portada que por falta de fondos se había paralizado el registro de motores y que en el Plan de Seguridad Ciudadana solamente fueron regularizadas 131,000 personas.

El mismo periódico publicó el miércoles que las motocicletas son los medios clave para los atracos y que la República Dominicana ocupa los niveles más altos en ese tipo de delincuencia en América Latina, es decir, más alto que Haití, tenido como un país de mal ejemplo.

Los médicos de los hospitales traumatológicos están al grito. El estado está consumiendo buena parte del presupuesto de salud en curar los heridos que llegan con miembros destruidos. El alcohol, cuya publicidad y venta el país no controla, es otro factor fundamental de la epidemia.

Cómo se puede esperar, se preguntarían los contribuyentes, que si la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, no han obligado a los motoristas a llevar casco protectores, podrán reducir algo mucho más serio como la criminalidad en las calles.

Hace un par de años, quizás alarmada por los informes que recibía sobre el problema de los motoristas accidentados que inundaban los hospitales, y por su propia visión del mismo, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, reclamó de AMET imponer los cascos protectores.

Uno a uno los directores de AMET después que la manejó el ingeniero Hamlet Herman, han encontrado excusas para no tomar acciones efectivas contra los violadores de la ley 241. La excusa mayor ha sido que no se ha modificado esa ley que data desde los 12 años.

Antes de que existiera la 241, hace 50 años, la gente cruzaba las calles por las rayas de cebra. La PN instruyó a un oficial español de apellido Sánchez, a que educara al público de cómo conducirse en el tráfico. La obra de Sánchez la continuaron sus discípulos pero eso duró poco.

Con la plaga moderna de los empresarios del transporte que pugnan hasta por ocupar el protagonismo de los partidos políticos y golpean a los pasajeros y a los agentes de AMET en las calles ante la vista atónita de los transeúntes, la autoridad se ha visto disminuida sin aparente retroceso.