Altas cortes se afianzan en el país

El 2013 fue un año de consolidación de las altas cortes dominicanas. Los órganos responsables de impartir justicia constitucional y electoral tuvieron un afianzamiento en la población. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral (TSE), que apenas cumplen dos años de creación, superaron el número de sentencias emitidas en su primer año de gestión, 2012. Mientras, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), último eslabón de la justicia ordinaria, también desempeñó un papel activo, con magistrados que cumplen dos años en esa Corte. Este año se produjo el “choque de trenes” que muchos previeron, cuando el TC anuló la primera resolución de la SCJ. JUSTICIA ORDINARIA Corte de casación con un papel activo A la SCJ correspondió conocer y decidir varios expedientes sobre presuntos actos de corrupción en contra de senadores y exfuncionarios. Uno de ellos fue presentado por el Partido Alianza País, Guillermo Moreno, para que se investigue al expresidente Leonel Fernández, al senador Félix Bautista y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el cual fue rechazado por la Segunda Sala de la SCJ. El Pleno de la SCJ también declaró inadmisible un recurso de casación incoado por el procurador general Francisco Domínguez Brito contra la resolución que declaró extinguida la acción penal iniciada contra el senador Amable Aristy Castro. En el aspecto administrativo, el presidente de la SCJ, Mariano Germán, estuvo activo con su reclamo de mayor presupuesto para el poder judicial y que se le otorgue el 2.66% que le corresponde por ley, a lo cual se sumaron las asociaciones de jueces, que incluso sometieron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que está pendiente de ser conocido. Este año, fue notable la cantidad de renuncias de magistrados, así como el ascenso de otros por parte del Consejo del Poder Judicial. Además, fueron juramentados cientos de abogados. El CPJ remodeló varios tribunales, especialmente en la jurisdicción inmobiliaria, pero continúan sin operar más de 100 que fueron establecidos por ley. Fue convocado un concurso para jueces de paz. SENTENCIA TC 168/13 Un fallo que provocó reacciones adversas La sentencia 168/13, que fija las condiciones para otorgar la nacionalidad, fue la que más opiniones a favor y en contra generó. Emitida el 23 de septiembre, tres meses después sigue provocando reacciones. Con ella, el TC rechazó un recurso de revisión de amparo a una inmigrante haitiana, al establecer que a los hijos de ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana. DEMANDAS POLÍTICAS Partidos que ventilaron diferencias en el TSE El TSE recibió demandas de casi todos los partidos, pero la mayor parte fue del Revolucionario Dominicano (PRD). Los casos en el PRD fueron por divergencias entre los sectores de Hipólito Mejía y Miguel Vargas. CONTROL DIFUSO Inconstitucionalidad El presidente de la SCJ, Mariano Germán, declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, al conocer la demanda interpuesta por Hipólito Mejía contra Wilton Guerrero. (( Justicia constitucional TC DECIDE MÁS DE 200 CASOS Incrementa número de fallos en su segundo año de gestión Hasta ayer, el Tribunal Constitucional había emitido 254 sentencias, que reflejan la ardua labor que desempeñó en ese período. Duplicó el número de fallos de su primer año de gestión, 2012, cuando divulgó 104. La mayoría de los fallos en materia de amparo recibieron buena acogida en la población. Conoció acciones de amparo que incluyen el reclamo de una regola, un arma de fuego, una pensión, informaciones públicas, reconstrucción de viviendas, reposición en puestos de trabajo, y en funciones en partidos políticos; la nacionalidad dominicana, entre otros. Pocas acciones de inconstitucionalidad contra leyes prosperaron, aunque recibió muchas. Continuó desarrollando sus labores con limitaciones físicas, ya que opera en el local provisional que comparte con el Inespre. Sigue celebrando audiencias públicas en la Sala Augusta de la SCJ. Las acciones administrativas fueron enfocadas hacia la formación de los jueces y demás personal de la institución. Firmó acuerdo con varias instituciones educativas y estatales para capacitar a su personal en diferentes áreas. Convocó al segundo concurso de ensayos constitucionales. Siguió su labor de sesionar en varias provincias y de difundir la el trabajo del órgano. Para decidir algunos expedientes, los magistrados se trasladaron a varios pueblos a examinar la situación planteada. Un logro importante este año fue la incorporación del TC a la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que reúne a 73 tribunales y consejos Constitucionales de América, África, Asia y Europa. CONTENCIOSO ELECTORAL 12 meses fructíferos para la jurisdicción Electoral El TSE tuvo que dirimir los conflictos internos que se originaron en los partidos políticos, principalmente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Reformista Social Cristiano (PRSC). También recibió casos de partidos emergentes. Este año, falló alrededor de 50 demandas de esa naturaleza. Conoció varias acciones de amparo, acogiendo entre ellas una paresentada por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado para que se le entregue el local de la organización, que había estado militarizado luego de los disturbios ocurridos cuando se iba a celebrar una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), convocado por Miguel Vargas. El sector que lidera el expresidente Hipólito Mejía no se sintió conforme con las decisiones del TSE, debido a que rechazó la mayoría de sus demandas. El TSE acogió acciones de amparo a dirigentes reformistas que reclamaban su restitución como militantes de la organización. Además, falló más de 4,000 expedientes de rectificaciòn de actas del estado civil, que no ameritan ser ventiladas en audiencias públicas como los contenciosos electorales. Recientemente, la Dirección de Comunicaciones informó que ese tribunal cuadruplicó este año la cifra de sentencias de rectificación del 2012, cuando dictó 770. El TSE también confrontó dificultades para nombrar abogados, por falta de espacio físico para ubicarlo, que le impiden contar con el personal necesario para agilizar el conocimiento de ese tipo de expedientes.