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REFORMA CONSTITUCIÓN

PLD dice la Sala Constitucional debe ser parte de la SCJ

Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín dijo ayer que el Partido de la Liberación Dominicana llegó al acuerdo de respaldar la posición de la Suprema Corte de Justicia para que no exista una instancia jurisdiccional para lo contencioso y administrativo y para que la Sala Constitucional sea parte del alto tribunal de justicia.

Asimismo, Valentín dijo que el PLD ha sido sensato en cuanto al tema de la Cámara de Cuentas y la solicitud hecha por la sociedad civil para que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer el perfil de los candidatos y analizar si reúnen los requisitos para llevar a cabo la función de auditar los fondos de las instituciones públicas.

La Reforma en lo concerniente a la justicia había sido rechazada por el presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, que considera que la creación de la Sala Constitucional, incluida en el proyecto de Reforma Constitucional, provocaría el desmembramiento del Poder Judicial.

Valentín aseguró que para la reforma constitucional no hay grandes disidencias y que los puntos consensuados entre todos los sectores serán los primeros que conocerán los legisladores.

Se refirió a la posición del PRD, expresada por su vocero en la Cámara de Diputados, Ruddy González de apoyar la reelección presidencial por dos períodos consecutivos, con una cláusula transitoria para que el presidente Leonel Fernández no pueda aspirar en el 2012.

“Eso confirma lo que yo le había dicho que el Partido Revolucionario Dominicano y las demás fuerzas políticas no tienen grandes objeciones al contenido del proyecto. Tiene que haber discrepancia porque eso es el Congreso”, indicó.

Asimismo dijo que el presidente Leonel Fernández le instruyó a él y al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para que “ningún poder se sienta atropellado, ni quitarle poder a nadie” lo que a su juicio demuestra que Fernández es un líder reflexivo y moderno.

Argumentó que eso lo demuestra el hecho de que el conocimiento de la reforma constitucional tiene tres años abierto a los espacios de discusión y siete meses en el Congreso nacional para que los sectores expresaran sus ideas.

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