Las letras pequeñas del fideicomiso de Punta Catalina

El gobierno de Luis Abinader quiere meter en un fideicomiso las plantas a carbón de Punta Catalina.

Y lo primero que debemos hacer es desmentir al presidente. Esto no es muy cómodo porque estamos hablando del presidente de la República pero con gusto lo hacemos.

El presidente se molestó y negó que lo del fideicomiso fuera un contrato. Dijo que eso era mentira. Que eso no era ningún contrato. Y, disculpe usted presidente, pero eso sí es un contrato. De hecho, el documento depositado en el Congreso Nacional se titula, el mismo que usted envió, Contrato de Fideicomiso Público de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina…

Lo segundo que dice el presidente es que no se están vendiendo las plantas. Y en teoría es así, pero… en el famoso contrato hay unas letricas pequeñas, de esas que le ponen a uno en los bancos, que dejan muchas dudas. Y que en cierta medida abren las puertas a quién sabe qué.

A ver si vamos comprendiendo esto…

El Estado dominicano quiere entregar las plantas para que alguien las administre. Porque supuestamente lo haría con mejor calidad y mayor rigurosidad. El contrato establece la cesión de las plantas a un fideicomiso por 30 años.

Y yo pregunto… si las plantas están funcionando bien, como lo han venido haciendo estos años, ¿cuál es la necesidad de inventar con una figura nueva en la vida pública dominicana?

Y para manejar ese bien se designó un comité técnico de cinco personas, liderado por el empresario Celso Marranzini.

Ese comité técnico lo nombró Luis Abinader por decreto.

Celso Marranzini es recordado por ser el hombre que sustituyó a Radhamés Segura en la CDEEE. Segura dijo que don Celso le montó una campaña de descredito para hacerse con el cargo. Cosa que finalmente le concedió Leonel Fernández, el cargo.

Cuenta la leyenda que de ahí en adelante Radhamés Segura no quiso saber más nunca de Leonel…

Pero bueno, volvamos a los hechos y a nuestro cartón.

En la negociación del fideicomiso el Estado dominicano cede el control de las plantas, también los terrenos, el muelle por donde llega el carbón, todos los equipos y vehículos y un menudito… ¡100 millones de pesos y un millón de dólares!

A todo esto es importante decir que Punta Catalina produce el 24.5% de la energía demandada en el país, lo que las convierte en las más importantes. Y en las que más barato producen la energía por hacerlo con carbón.

Una de las primeras cosas raras que tiene el contrato es que establece que Celso Marranzini y el cuerpo técnico tendrá la potestad de nombrar a sus suplentes.

Y eso va en contra de toda lógica elemental. Como yo soy el que elegiré a mi sustituto, pues ni herencia que fuera. Esto no es una empresa privada, recuerden, se supone que Punta Catalina es un bien público.

Otra preocupación es que el famoso comité técnico podrá tomar prestado hasta el 100% del valor de la planta sin ningún control externo. Es decir, los del comité técnico tendrían en sus manos la posibilidad de elegir con qué monto se endeudan, a quién le toman el dinero prestado, bajo qué condiciones… sin un órgano que los supervise, como suele suceder en la administración pública.

Y, el puntico sobre la í viene ahora: cuando el fideicomiso termine toda la deuda acumulada debe ser saldada, o si no le caerá como responsabilidad al Estado dominicano.

También los del comité técnico decidirán cómo se harán las compras, sin estar apegados a la ley de Compras y Contrataciones Públicas, que obliga a unos controles básicos en la administración de bienes públicos.

La mayor de las preocupaciones es que se permite la figura de “fideicomitentes adherentes”. O sea, gente o empresas que puedan incluirse sin dejar claro los montos y los derechos que ganarían al hacer esas supuestas inversiones.

Este es uno de los puntos que refuerza la idea de la “privatización silenciosa”.

Por la naturaleza de este contrato fue enviado al Congreso Nacional, donde ya la Cámara de Diputados lo aprobó.

Nadie, nadie en su sano juicio, hizo críticas importantes al documento. Y miren que son 190 tajalanes sentados ahí para hacer precisamente eso, fiscalizar, vigilar que todo esté en orden y se proteja el interés público.

Por el contrario, por lo menos dos diputados, Rubén Maldonado y José Horacio Rodríguez, han admitido que no leyeron el contrato.

¿Recuerdan el contrato de la Barrick Gold? Pues una segunda parte. Aprobado por los diputados pasó al Senado, que deberá conocerlo ahora.

Ese solo hecho, que dos legisladores hayan dicho que por falta de tiempo o por lo que sea no les dio tiempo a leer el contrato le quita toda legitimidad pública. Y es la prueba de que el gobierno ha perdido toda la razón.

Y nos obliga a plantearnos dos cosas: que los legisladores son unos vagos que no hacen su trabajo, de eso ya teníamos una idea, y que el gobierno, por asunto de decencia de la más elemental, debería retirar el contrato del Congreso, reformularlo y pensárselo mejor.