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¿Qué sigue con los acusados de desfalcar la Federación de Pentatlón Moderno?
La recusación de la jueza todavía no cuenta con fecha, teniendo que, a la mañana de este martes, el caso no ha sido recibido por la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
Antes de conocerse la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de Freddy Núñez Jorge, presidente de la Federación de Pentatlón Moderno, acusado de desfalco, asociación de malhechores y lavado de activos, la defensa técnica del imputado recusó a la jueza Fátima Veloz, lo que detiene momentáneamente el conocimiento de prisión preventiva y fue etiquetado como “táctica dilatoria” por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La recusación de la jueza todavía no cuenta con fecha, teniendo que, a la mañana de este martes, el caso no ha sido recibido por la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a partir de lo cual es cuando se designa de manera aleatoria a una de las salas. La sentencia de este caso se maneja administrativamente, en lugar de una audiencia pública, y, una vez expedida, se resuelve el tema original.
El abogado José Fis, en representación de Núñez Jorge, había dicho que la decisión de recusar a la magistrada de la Oficina de Atención Permanente, en los términos que emplearon, “se justifica”.
No obstante, de cumplirse el deseo de los fiscales de que la corte rechace el pedimento, los litigantes no podrán volver a recusar “excepto si se acompaña de un documento fehaciente que pruebe una nueva causa”.
Además del presidente de la federación, la acusación persigue a Evaristo Ozoria Rodríguez en su condición de tesorero. En contra de ambos se ejecutó una orden de arresto a la espera de la medida de coerción, lo que sucedió después de allanamientos a sus residencias y las oficinas de la entidad.
Las indagatorias del Ministerio Público arrojaron que los directivos de FEDOPEM realizaron pagos a entrenadores que no existen y a asociaciones deportivas sin entrenadores, falsificaron firmas para cobros de dinero, ejecutaron gastos personales reportados como de la federación y pagos a personal sin justificación legal.
La acusación está sustentada en 752 páginas y 219 medios de prueba, en los que se recopilan desembolsos que no cuentan con facturas o recibos, la firma de cheques a nombre de empleados y directivos, compras y gastos que no se relacionan con el fomento del deporte, pagos sin cotizaciones y facturas sin NFC, ni firmas o sellos de pagado.