Condenadas a sufrir o morir
Sesenta y cuatro años después del horrendo asesinato de las hermanas Mirabal, la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los reflejos más atroces de una sociedad que camina hacia el colapso.
Aunque hoy no enfrentan la opresión de una dictadura, las mujeres dominicanas siguen siendo víctimas de otra forma de violencia sistémica: la negligencia del Estado para protegerlas y prevenir los feminicidios.
Según cifras recientes, nuestro país ocupa el segundo lugar en América Latina con la mayor tasa de feminicidios, alcanzando 2,4 por cada 100,000 mujeres.
En los últimos cinco años, 758 mujeres han sido asesinadas, y 438 de esos casos fueron feminicidios.
Estas cifras no solo reflejan una crisis de derechos humanos, sino también el fracaso de las instituciones para garantizar la seguridad de las mujeres.
Las órdenes de alejamiento, aunque bien intencionadas, han demostrado ser insuficientes frente a agresores que las desobedecen sin consecuencias reales.
La falta de mecanismos eficaces de protección, como refugios accesibles o vigilancia efectiva, deja a las víctimas vulnerables y, en muchos casos, condenadas.
La familia, por su parte, también debe asumir un rol más activo y comprometido.
No se puede subestimar el peligro que representan las amenazas, los actos de violencia verbal o física, ni los antecedentes de abuso.
La recurrencia de la violencia contra la mujer ha perpetuado un ciclo de abusos que parece no tener fin.
La sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres, vulnerables a toda clase de abusos y sufrimientos.
Hoy, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es imprescindible que el país actúe contra esta siniestra cultura de la muerte.