Becas a presos
El acceso a la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos.
Incluso para aquellos privados de libertad que buscan una segunda oportunidad.
En las cárceles dominicanas se ha facilitado la enseñanza básica y secundaria, de acuerdo con los datos recabados en la serie especial publicada por el Listín Diario.
Algunos internos han logrado ingresar a programas universitarios, a pesar de las dificultades inherentes a su situación.
Este esfuerzo es encomiable, pero aún falta mucho por hacer para que todos los reclusos que deseen superarse puedan contar con el apoyo necesario.
Es alentador ver iniciativas como el plan piloto de un politécnico en la cárcel de San Pedro de Macorís, que apuntan a dotar a los internos de herramientas para su reinserción social.
Sin embargo, el sistema penitenciario debe ir más allá y garantizar que los reclusos que muestren interés en cursar estudios universitarios tengan acceso a becas y oportunidades formativas.
Actualmente, hay muchos internos que desean estudiar, pero que se ven limitados por la falta de recursos económicos o permisos, como dijo Alberto, uno de los de La Victoria.
El Estado dominicano, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y otras instituciones, tiene el deber de diseñar políticas que faciliten el acceso a becas para esta población.
Estas iniciativas no solo permitirían a los internos acceder a una educación de calidad, sino que también contribuirían a su rehabilitación y reintegración a la sociedad, tal como lo han señalado las autoridades penitenciarias.
Es evidente que los reclusos que optan por el camino de la educación están comprometidos con su propia superación personal.
Prueba de ello es el buen comportamiento y las altas calificaciones que suelen obtener, algo que a menudo no recibe la atención mediática adecuada.
Brindar educación a los privados de libertad no solo es una cuestión de derechos humanos, sino una inversión en el futuro de la sociedad.