No es por el color de la piel

Una vez más, el gobierno de Haití ha recurrido a viejas falacias para distorsionar la realidad de la crisis migratoria que le ha creado a nuestro país.

Ha denunciado en la Organización de Estados Americanos (OEA) que las deportaciones de sus ciudadanos en situación irregular responden a una “campaña de depuración étnica” basada en la nacionalidad y el color de la piel.

Nada más alejado de la verdad.

Las políticas migratorias de nuestro país no discriminan por raza u origen, sino que buscan regularizar una situación que, a todas luces, ha escapado de control debido a la entrada masiva y desordenada de ciudadanos haitianos a territorio dominicano.

Este país ha demostrado una generosidad sin precedentes en su trato hacia los ciudadanos haitianos.

En los últimos cuatro años, ha otorgado más de 400,000 visas a haitianos para diversos fines, incluyendo educación, comercio y turismo.

Además, miles de ellos trabajan legalmente en sectores como la agricultura, la construcción, el comercio y el turismo.

No existe, pues, ningún indicio de que estas políticas migratorias estén basadas en el origen étnico.

El problema radica en los inmigrantes irregulares, quienes cruzan la frontera sin los debidos permisos o mediante prácticas corruptas, socavando la legalidad y desbordando nuestros servicios públicos.

En nuestras maternidades, por ejemplo, una gran proporción de parturientas son haitianas, quienes reciben atención médica gratuita sin discriminación alguna.

Del mismo modo, muchos estudiantes haitianos tienen acceso a nuestras escuelas y universidades, en ocasiones incluso desplazando a dominicanos de escasos recursos que deberían tener prioridad.

Las acusaciones vertidas por el representante de Haití ante la OEA Gandy Thomas, de que la República Dominicana está llevando a cabo una “depuración étnica”, son una exageración peligrosa, destinada a generar simpatía internacional hacia un régimen que ha sido incapaz de proporcionar seguridad y bienestar a su propio pueblo.

Que quede bien claro que nuestro país tiene la obligación de proteger su territorio y a sus ciudadanos, y que debe de hacerlo respetando los derechos humanos de todos los que viven en su suelo, pero sin tolerar la ilegalidad.

No es por el color de la piel, es por el imperio de la ley. 

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