Más nadie ayuda a Haití
La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la repatriación de hasta 10,000 migrantes ilegales haitianos por semana es una medida de crucial importancia para la defensa de la soberanía nacional.
La República Dominicana ha soportado, casi en solitario, las consecuencias de la crisis política, económica y social de Haití, un vecino que enfrenta el colapso institucional y el crecimiento desenfrenado de la violencia.
Este peso ha sobrecargado a nuestra nación, desde la gratuidad de servicios médicos para miles de parturientas haitianas hasta la inclusión de niños haitianos en nuestro sistema educativo, lo que ha significado miles de millones de pesos del presupuesto nacional.
El aumento del tráfico ilegal de personas y armas, junto con la presencia de pandilleros haitianos que buscan cruzar nuestra frontera, representa una amenaza directa a la seguridad nacional.
El gobierno, consciente de la gravedad de esta situación, ha decidido tomar acciones enérgicas para proteger la integridad del país y garantizar la estabilidad social.
La comunidad internacional, mientras tanto, ha adoptado una postura tibia.
A pesar de algunas iniciativas, como la Misión Multinacional liderada por Kenia, los avances han sido limitados y el caos sigue dominando en Haití.
Esta inacción ha dejado a la República Dominicana sola para enfrentar los efectos colaterales de esta crisis.
La responsabilidad de combatir las pandillas, proveer asistencia alimentaria y reconstruir la economía haitiana no debería recaer únicamente en nuestro país.
En este contexto, la repatriación de migrantes ilegales es un acto de suprema necesidad.
No podemos permitir que la situación en Haití continúe afectando a nuestra nación de manera desproporcionada.
Mientras el mundo parece mirar hacia otro lado, la República Dominicana sigue cargando sola con esta crisis.
La decisión del presidente Abinader es, por tanto, un paso en la dirección correcta, una respuesta responsable y necesaria para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los dominicanos.
La seguridad de nuestro país no puede ponerse en riesgo.
La defensa de nuestra soberanía no es negociable y, por eso, respaldamos plenamente la determinación que acaba de anunciar el presidente Abinader.
