De Julian Assange a Miriam Germán; libertad amenazada
En apenas siete días dos hechos disímiles sorprendían a muchos, mientras en Estados Unidos perdonaban a Julián Assange, un hacker reconocido por liberar cientos de miles de documentos clasificados, en el patio, la Procuraduría General de la República (PGR) emitía un comunicado en el que amenazaba la libertad de los disidentes, utilizando todo el peso del Estado contra un comunicador.
Si de lo que hablamos se tratara de una pieza creativa cinematográfica, posiblemente estaríamos guionizando una saga con el título “censura en la selva”. Salvando las distancias con cualquier gobierno autoritario, algunas acciones de reincidencia preocupan al menos cauto en temas de libertad de expresión.
La primera de estas actitudes propias del poder político inició con la iniciativa de la senadora Melania Salvador, quien en nombre del honor escudaba prisión por palabra en un proyecto de ley. Como sal en agua, el proyecto se disolvió.
Días después se estrenaba la segunda entrega de la saga, el proyecto de ciberdelincuencia de autoría del Ejecutivo, podría enviar a cualquier ciudadano a prisión por 4 años o multas de hasta RD$5,000,000.00 por “expresiones discriminatorias”. La historia se cuenta sola.
Dicen que las segundas partes no son buenas, pero la tercera supera la anterior, pues el 2024 se estrenó como especial de Año Nuevo, la edición Censura DNI, que a partir de la ley 1-24, depositada por el presidente Abinader y aprobado por el Senado, permite desnudar la vida de cualquier ciudadano sin autorizaciones de terceros imparciales. Chupe usted y déjeme el cabo.
La ley está más vigente que sol sahariano en verano, y a siete meses de su promulgación, por debajo de los colchones, se buscan los argumentos para su modificación, aunque estos a simple vista duermen sobre ella. Su principal defensor, el consultor jurídico del poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en fecha 5 de junio de 2024 ante la afirmación de la periodista Edith Febles de que los organismos de inteligencia siempre escuchan los teléfonos de los ciudadanos, confirmaba: “Sí, lo que pasa es que los servicios de inteligencia es que quieren someterse a la ley”. Sí, la misma que viola derechos de intimidad y libertad de expresión.
Dos hechos recientes cuestionan el primer lugar en el ranking de libertad de prensa otorgado a República Dominicana por la Sociedad Interamericana de Prensa. El maltrato a periodistas de la fuente palaciega y un comunicado del órgano de persecución delictiva del país contra comunicadores.
Reducir los espacios de interacción con la prensa, en total libertad, afectan directamente en las informaciones que se hacen de conocimiento público. Es una actitud peligrosa, ya que acciones por pequeñas que se entiendan, tienen un impacto en la cadena de la generación de información.
Algo tan simple como el retiro de un parqueo a un equipo de prensa puede terminar en la no publicación de alguna información. Ni hablar de eliminar las redacciones y limitar la circulación en la sede estatal del Ejecutivo puedan encontrarse funcionarios y cuestionarlos sobre temas de interés.
El comunicado de la PGR, donde advierte de “medidas cautelares” contra periodistas que expresan algún nivel de disidencia con lo expresado por las autoridades plantea la idea del monopolio de la verdad desde el Estado, peligroso instrumento de censura que amenaza la sociedad.
Lo más atinado sería imitar modelos de comunicación donde el acceso libre a la información sean la norma, ya que hasta Julian Assange utilizando mecanismos non sancto de obtención de información encontró un purgatorio y hoy está en el paraíso, la libertad misma.