La prensa libre reclama un mayor blindaje
El anteproyecto de reforma de la Ley 6132, pendiente de ser sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, es el mejor antídoto contra las amenazas o cortapisas a la libertad de prensa y expresión en el país.
La extensa pieza, elaborada, discutida y consensuada con la sociedad civil y organismos internacionales, contiene las salvaguardas necesarias para blindar estas libertades.
No solo se trata de una legislación moderna que regula y cubre también la esfera digital, sino que, a futuro, visualiza los marcos de protección a otros derechos fundamentales, como el de la privacidad, frente a las capacidades intrusivas de tecnologías como la Inteligencia Artificial, si se usan con propósitos malsanos.
Ahora más que nunca el país, con su democracia, su estabilidad social y política, necesitan de este nuevo instrumento legal para imponerle un cerco de hierro a eventuales iniciativas o acciones que tiendan a limitar o asfixiar las libertades de prensa y expresión.
Con los profundos temores que abriga la sociedad ante los alcances de la peligrosa Ley 1-24 que entra en colisión con nuestra Carta Magna, la única alternativa es reformularla en el Congreso, desmantelando los artículos ambiguos que, por sí mismos, abren válvulas al desconocimiento o violación de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
Y como contrapartida frente al adefesio actual de la Ley 1-24, tal como fue aprobada, aparentemente, por el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de subsanar el yerro sometiendo el proyecto de reforma de la Ley 61-32.
El anuncio de que República Dominicana ya tenía consensuado ese proyecto, fue el factor decisivo que llevó al Índice de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a concederle al país, el puntaje más alto en el respeto a la libertad de prensa y expresión en América Latina, en 2023.
Esta valiosa categoría, que se adquiere también por la forma en que se comportaron otros indicadores conexos al régimen de libertades imperante aquí, representa un reconocimiento internacional que no puede ser malogrado por una ley lesiva a derechos ya adquiridos y afincados en la vida democrática del país.
Esperamos que el presidente Luis Abinader, en cuyo gobierno hemos alcanzado estas buenas notas en el respeto a esas libertades, cumpla los objetivos que lo inspiraron a proponer, en 2022, la reforma y modernización de la Ley 61-32, mientras pone en pausa la controvertida y repudiada Ley 1-24.