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¡Fuera políticos de los cuarteles!

El ingreso de vehículos con propaganda política electoral en la sede del Décimo tercer batallón de Infantería del Ejército, en Azua, es una acción bochornosa e inconstitucional.

La Carta Magna es bastante clara y explícita sobre el principio de la apoliticidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un valor que costó mucho hacer respetar después de un largo periodo de influencia directa de políticos en ellas.

La fulminante destitución de los comandantes de la Tercera Brigada del Ejército, responsable de toda la región Sur del país y del Décimo tercer batallón de infantería de Azua, a raíz de las evidencias de que vehículos de la campaña oficialista ingresaron a ese recinto, ha sido una respuesta correcta y apegada a la ley.

La decisión de relevarlos, tomada pocas horas después que se denunciara el hecho, constituye un ejercicio responsable de autoridad y apego a la Constitución de su comandante general, el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre.

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Con ella se envía un contundente mensaje a todos los mandos subalternos, no sólo del Ejército, sino de las demás instituciones armadas, de que es inadmisible permitir la inferencia lesiva y peligrosa de los políticos en los cuarteles.

Las Fuerzas Armadas no son beligerantes.

Solo están para la defensa de la seguridad nacional, y es un pecado capital el entrar en contubernio con partidos ni líderes políticos o permitir su sumisión a los intereses de estos.

El concepto de la apoliticidad procura mantener la neutralidad política de los cuarteles, un valor crucial para preservar la estabilidad democrática y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Se evita, con ello, el riesgo de que las Fuerzas Armadas intervengan en los conflictos políticos, comprometiendo su imparcialidad y drenando la confianza que la sociedad tiene en ellas.

En momentos de convulsiones sociales, muchas de las cuales se originan en la lucha del poder por parte de los políticos, mantener la apoliticidad militar es una regla de oro.

El país recuerda lo funesto que fue, en un momento dado, que las instituciones militares cerraran filas con el partido en el poder, exhibiendo incluso en el cañón de sus fusiles los colores de la bandera del Partido Reformista, un episodio histórico por lo insólito que resultó.

Con su rápida y enérgica acción de ayer destituyendo a dos de sus más altos oficiales, el comandante general del Ejército ha honrado su condición y evitado que un nocivo injerencismo político comenzada a contaminar los avances que hemos ido logrando para mantener vivo el principio de la apoliticidad militar.

Ahora cabe esperar que la Junta Centra Electoral condene y amoneste el atrevimiento de los candidatos del oficialísimo en Azua, para que no se les ocurra a ningún partido meter sus manos y narices donde les está constitucionalmente prohibido.