¡Que nadie se equivoque con el TC!

El Tribunal Constitucional, que estrenará cinco nuevos magistrados en pocos días, es el supremo custodio del orden constitucional, jurídico y político, que sustenta nuestro Estado social y democrático de derecho.

Es responsabilidad sagrada de sus jueces hacer valer el cumplimiento de sus sentencias y dictámenes entre todos los órganos del Estado, por encima de los intereses políticos, económicos y particulares que pretendan influir en sus decisiones.

La supremacía constitucional, que debe custodiar esa alta corte, es la principal garantía de que el ordenamiento jurídico del país no sea alterado a contracorriente de los fundamentos y principios de la Carta Magna.

El modelo de Estado social y democrático de derecho está concebido como base para el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

El Tribunal Constitucional es la base de nuestra democracia y su mandato es protegerla.

Las sentencias emitidas en sus casi 12 años de existencia sientan una valiosa jurisprudencia para la construcción de un mejor sistema de control de la constitucionalidad preservando, por encima de todo, los valores que dieron origen a nuestra República Dominicana.

Suscitan inquietudes, legítimas por demás, las advertencias que de manera responsable ha formulado uno de sus jueces, el magistrado José Alejandro Vargas, sobre los peligros que asomarían si los nuevos jueces flaquean y se doblan ante las presiones, internas o externas, que pudieran producirse en el futuro.

El magistrado dice hablar por él y otros jueces que próximamente cesarán en sus funciones.

Es preciso que la sociedad, ahora más que nunca, preste atención a estas preocupaciones, que siempre han estado latentes en la medida en que el TC ha emitido sentencias que chocan con intereses diversos, como su histórica sentencia 168-13 sobre la nacionalidad.

Blindar el Constitucional frente a cualquier intento o coyuntura injerencista desde fuera, es casi un asunto de vida o muerte en la defensa de nuestra Constitución, vale decir, de nuestras potestades soberanas para decidir el destino que queremos como nación libre e independiente.

Este es el más importante bastión de la nacionalidad y los dominicanos no pueden permitir que sea hipotecado ni sumiso a intereses extraños, ni doblegado por las presiones o influencia de los grupos de intereses.