Los aeropuertos del Estado

El acuerdo que ampliaría hasta el año 2060 la concesión para la operación de los aeropuertos internacionales del Estado, constituye un compromiso de gran envergadura para la República Dominicana.

Sin poner en dudas los beneficios que pueda traer al desarrollo aeroportuario del país, sobre todo ante un promisorio horizonte del turismo y de la economía, creemos que no hay razones para festinar su aprobación.

Es decir, para acelerar los procesos ordinarios de conocimiento, debate y votación sin que el pleno de una de las cámaras legislativas haya podido agotar el tiempo de estudio de la pieza, como mandan los procedimientos.

Un compromiso de esa naturaleza obliga a una profunda ponderación sobre sus alcances, máxime cuando desde distintas esferas oficiales se ha criticado que el acuerdo base no hubo de cumplir con las expectativas que se crearon al conceder el manejo del principal aeropuerto del país a una empresa privada.

Si ahora se procura enderezar entuertos, lo más conveniente es que el contenido del acuerdo reciba la aquiescencia de las mayorías legislativas, para que quede revestido de una legitimidad a toda prueba.

La llegada del proyecto de revisión y ampliación del tiempo de vigencia a la Cámara de Diputados ha estado matizada por los cuestionamientos de las bancadas opositoras, más que nada porque su aprobación en primera lectura pareció que lo llevaban como caña p ’al ingenio.

El gobierno, que ha aquilatado los beneficios que espera recibir el país con millonarias inversiones para remodelar y modernizar los aeropuertos cubiertos por esta concesión, debe ser el primero en apostar a que el proceso legislativo culmine sin generar aprehensiones en la sociedad.

El presidente Luis Abinader, abanderado de la política de transparencia e institucionalidad, debe dar garantías a la sociedad de que, al promover esta renegociación de mucha envergadura, no tolerará que se violenten los marcos jurídicos constitucionales, al calor de un proceso apresurado innecesariamente.