Cambita en shock

Rara vez ha ocurrido que una comunidad, urbana o rural, haya sido sometida a un cerco de tropas policiales y militares tan prolongado y paralizante como el que sufre hoy Cambita Garabitos.

Sus escuelas están cerradas, los agricultores no pueden atender sus cultivos y en la persecución del nombrado “Kiko la quema”, la autoridad ha incurrido en detenciones ilegales de familiares del fugitivo.

Nadie se opone a que la autoridad persiga el delito y a los delincuentes.

Pero en esos operativos de búsqueda no puede someterse a la población a estas privaciones, ni restringirse injustificadamente sus derechos a la libre circulación, mucho menos al secuestro de familiares del fugitivo, como una medida de presión.

Casi una semana lleva el cerco, aparejado a un clima de zozobra y de tensiones.

La comunidad está pagando un precio caro por culpa de un operativo que podría conducirse de otras formas, sin necesidad de paralizar a un pueblo productivo.

Al famoso “Kiko la quema” se le atribuye ser un capo del narcotráfico, esmeradamente protegido por autoridades con rangos de San Cristóbal, la provincia sureña en cuya jurisdicción está Cambita.

Pero mientras a los hijos y hermanas del fugitivo se les acosa y apresa, a los de los cómplices policiales y militares no se les somete a idénticos tratos.

Corresponde al ministerio público abrir una investigación sobre arrestos ilegales u otros excesos que, en perjuicio de los derechos humanos, se les están cargando a las tropas de ocupación.

Cambita Garabitos, como otras aldeas vecinas, están al pie de montañas altamente productivas en café y aguacate.

Y hasta donde se sabe, allí no funciona ningún cartel como el de Jalisco, que amerite un despliegue de tropas para apresar a un individuo, paralizando la vida normal de una población forzosamente confinada por estos operativos.