¿Qué se traía entre manos?

El país no tiene, ni ha tenido, hasta ahora, información concreta de cuál sería la función y el alcance de una célula conjunta de coordinación y seguridad que Canadá dijo que se instalaría aquí para ayudar a la Policía Nacional de Haití en el combate de las bandas armadas.

El simple anuncio unilateral canadiense de que República Dominicana había dado su consentimiento a este plan desató, de inmediato, las legítimas inquietudes de la ciudadanía.

Y desde dos instancias del mismo gobierno, la Cancillería y la Presidencia de la República, usando la vía informal de las redes sociales, se desmintió apresuradamente que tal oficina canadiense haya sido autorizada a establecerse en el país.

Algo más claro sobre sus propósitos dejó entrever el vocero del presidente Abinader al advertir que el país, por razones históricas, no puede participar en ninguna iniciativa que implique realizar acciones directas en Haití, ni que afecten la soberanía dominicana.

Con esta puntualización sobre la soberanía luce obvio que la propuesta célula de apoyo táctico y estratégico a la policía haitiana, cuyas características reales, repetimos, no son conocidas en detalle por la ciudadanía, abriría la puerta a un manejo directo, desde nuestro territorio, de las logísticas y acciones contra las bandas haitianas.

Aunque este desacuerdo público entre dos países que mantienen óptimos niveles de cooperación e intercambio comercial ha originado un inocultable roce diplomático, era una obligación ineludible del gobierno y de la ciudadanía, rechazar de plano y en forma tajante, esas pretensiones.

El país se ha caracterizado por llevar, en el ámbito internacional, una campaña en favor de la estabilización y la erradicación de la violencia en Haití, porque supone una amenaza para seguridad nacional y nuestra soberanía.

Ahora bien, ese espíritu de solidaridad ante la crisis humanitaria haitiana no debe ser desnaturalizado con planes diseñados por la comunidad internacional para implicarnos directamente en la solución de ese estado de caos.

Este roce diplomático debe servir, al menos, para que el país esté en alerta y no se deje embaucar en actos o responsabilidades que otros rehuyen asumir con tal de que la República Dominicana se ahogue sola en el manejo de esta catástrofe.