¿Los van a dejar morir?

No hay razón para que cientos de ciudadanos, entre ellos muchos adultos mayores, sean dejados morir en prisión a causa de las enfermedades terminales o incapacitantes que están padeciendo.

Esta sola condición, vista desde la perspectiva del sufrimiento humano, es más que suficiente para que los jueces de ejecución de la pena dictaminen a su favor la prisión domiciliaria.

Es más probable y seguro que, en sus hogares, reciban una mejor atención y alimentación que la que les ofrecen en los zafacones llamados cárceles donde cumplen sus condenas.

El Colegio Médico Dominicano debería dar un paso decisivo poniendo al servicio de la justicia una comisión de competentes galenos para examinar a los presos que se encuentran en esta crítica situación de salud.

Luego de diagnósticos exhaustivos, determinarían los casos más apremiantes y los tipos de tratamientos que se necesitan para mejorar, dentro de lo posible, la situación de los menos graves.

Los demás órganos del sistema también deben sacudirse de la modorra que ha permitido que, en un abrir y cerrar de ojos, las cárceles se hayan atiborrado de presos preventivos.

Muchos de estos, ya cumplieron el tiempo de reclusión pero no han podido recobrar su libertad, por distintos factores.

La crisis del sistema penitenciario, ilustrada con estos dos ejemplos, es mayor de lo que puede percibir la sociedad.

El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia ha calificado de alarmante el estado de “precariedad humanitaria” imperante en las cárceles.

Ojalá que el magistrado Luis Henry Molina Peña, hijo de un líder sindical que sufrió en su juventud las calamidades de la prisión política, se conduela de los presos enfermos y promueva su rápida amnistía.