No cabe uno más

Las cárceles del país no aguantan un preso más.

Por culpa del hacinamiento de presos preventivos, esas cárceles tienen hoy más de diez mil personas por encima de sus capacidades de espacio.

Fuera de que este es un cuadro de mayúscula injusticia, los que están bajo rejas duermen, en su mayoría, en el suelo y están expuestos a todo tipo de riesgos a su salud.

Entre los privados de libertad hay 1, 700 que ya cumplieron sus penas de reclusión.

Y existe una categoría, formada por más de 800 enfermos terminales de cáncer, ancianos y discapacitados, que por razones de humanidad deberían ser devueltos a sus hogares, porque no representan peligros para la sociedad.

El enorme número de presos preventivos, aquellos que son recluidos sin que se les pase juicio, excede los criterios que deben primar en la imposición de las coerciones al vapor al tenor de lo que dicta el Código Procesal Penal.

Se ha dado un uso alegre y sistemático al recurso de las coerciones de largo tiempo que ya ni siquiera los tribunales tienen oportunidades de revisarlas, fallar y resolverlas mediante los juicios de rigor.

Este mecanismo ha sido objeto de fuertes objeciones por parte de la Defensoría Pública y especialistas del derecho penal, que lo consideran un factor que más que obtener justicia y efectos disuasivos para el crimen, deriva en inaceptables violaciones al estado de Derecho del país.

Pese a la gravedad de este cuadro de injusticias, nada ha hecho el Estado para remediarlo, con lo cual desnaturaliza el marco constitucional que regula nuestro sistema de justicia y penitenciario.