Un caso que parte el alma
Tres años bajo prisión preventiva, sin someterlo a un juicio de fondo, ilustra el drama de las innumerables injusticias que sufren hoy centenares de ciudadanos presos en virtud de medidas de coerción dictadas por los jueces.
Es el caso, que ciertamente parte el alma, de Ruddy Roberto Santos Ramírez, de San Pedro de Macorís, a propósito de un litigio donde se le acusa de desalojar de su propiedad a un inquilino, proceso que cayó en un limbo por los continuos reenvíos de la causa durante tres años.
Ocurre que los abogados defensores de la parte querellante y los testigos elegidos no comparecen desde entonces al tribunal.
Este caso se ha viralizado en las redes sociales porque, a través de un video conmovedor, el preso llora de impotencia ante el abuso de una prisión preventiva extendida más allá del tiempo que establece el Código Procesal Penal.
Da lugar, entonces, a un razonable cuestionamiento sobre la aplicación intensiva de estas penalidades, método que se ha convertido en una vía rápida para mantener ciudadanos presos, privándolos de alternativas legales para responder a la justicia, por demás tardía e incierta.
En esa situación hay 16,321 personas guardando prisión preventiva, equivalente al 61 por ciento de todos los encerrados en las cárceles del país, sin tener idea de cuándo los jueces fallarán definitivamente el fondo de sus procesos.
Unas veces por los reenvíos en secuencia, otras por la imposibilidad de pagar las garantías económicas para poder obtener una libertad condicional, situación que a su vez ha agudizado el hacinamiento penitenciario en el país.
Este no es, sin embargo, un problema único de nuestro sistema judicial.
En México, un juez federal, Eduardo Osorio, hizo historia al decidir en 2021 no aplicar la prisión preventiva oficiosa por entender que colidía con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
Y, en línea con esa tendencia, como defensor del principio de la presunción de inocencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha solicitado a los jueces mexicanos favorecer que los acusados se presenten a sus juicios, sin enviarlos por la vía rápida de las coerciones de la prisión preventiva.
Lo mismo que debería ocurrir en el dramático caso de Ruddy Roberto Santos Ramirez, víctima de una indiscutible trampa procesal en San Pedro de Macorís.