Que no tropiecen con la misma piedra

Penalizar un acto de corrupción para agravarlo con otro, como ocurrió con el de los sobornos de Odebrecht, sería un penoso desenlace, tan desafortunado como el de tropezar dos veces con la misma piedra.

Tras un acuerdo de lenidad que la constructora brasileña firmó con la Procuraduría General de la República en 2017, la empresa se comprometió a resarcir al Estado con 184 millones de dólares.

Esta fue la fórmula, calificada entonces de idónea, en la solución del escándalo de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht para ganar el derecho a la construcción de obras de valor multimillonario.

El doble de la suma de los sobornos, 184 millones de dólares, se pagaría en ocho años.

Pero con los primeros 60 millones se decidió construir la nueva cárcel Las Parras, obra que a su vez generó otro escándalo de corrupción, todavía bajo investigación.

Ahora que la justicia ventila diferentes casos de manejos ilícitos de fondos públicos en los que algunos imputados han devuelto millones de pesos y propiedades, más otras que se esperan recuperar, el Estado debe crear un fondo especial para obras prioritarias.

Pero sin las vulnerabilidades y debilidades del de Odebrecht.

Tiene que basarse en un protocolo de administración e inversión blindado, que no deje vías abiertas para el enriquecimiento ilícito de los responsables de su ejecución.

Y definirse, con un rigor de prioridades, las obras que pueden emprenderse para remediar necesidades sociales apremiantes.

Si al pueblo le han sustraído miles de millones de pesos del erario para engrosar las fortunas mal habidas de los funcionarios corruptos, de alguna manera estos recursos deben resarcir el daño sufrido por la sociedad.

Ya debería ir pensándose en esa lista de obras apremiantes, que son muchas pero que, por culpa de la corrupción, nunca pueden materializarse porque los fondos se “evaporaron”.