El verdadero crimen de lesa patria
¿Por qué miles de jóvenes tropiezan con escollos para estudiar y luego encontrar trabajo en nuestro país?
¿Por qué miles de ciudadanos padecen desatención de su salud o les resulta oneroso acceder a las atenciones en nuestro sistema hospitalario?
¿Por qué ha habido tanta displicencia o descuido en las obligaciones del gobierno para frenar el acelerado deterioro de las infraestructuras públicas construidas con el dinero del pueblo?
¿Por qué los servicios básicos como transporte, suministro de agua, electricidad y limpieza de vías y recogida de basura, son deficientes en calidad y cantidad si al pueblo le cobran impuestos para costearlos?
¿Por qué la seguridad ciudadana ha sido un mandato constitucional fallido si en ella es que debe descansar el clima de orden, paz y convivencia de una sociedad?
¿Por qué la mayoría de la población ha sido condenada a vivir en estado de pobreza o cuasi pobreza y a la clase media en una lucha incesante por disfrutar de una calidad de vida que se merece en compensación con lo que paga de impuestos al fisco?
No hay que romperse la cabeza para descubrir al gran y real culpable de estas inequidades. Esa es, ni más ni menos, la corrupción administrativa.
La que fluye abundante e impune con los manejos viciosos de los recursos de la administración pública, sin que desde los poderes del Estado se apliquen castigos y consecuencias ejemplares.
Con esas multimillonarias sumas distraídas del erario producto de operaciones ilícitas, robo descarado o tráfico de influencias y concesiones graciosas, el país pudo haber resuelto muchas de las necesidades imperiosas de la ciudadanía.
La corrupción es, en definitiva, el gran crimen de lesa patria que todavía los poderes del Estado no han sido capaces de yugular.
Y por la existencia de esa rampante y escandalosa corrupción nadie puede afirmar que la nuestra es una sociedad feliz o satisfecha, donde el bienestar sea un sello de vida y una señal de aliento para aspirar a la grandeza del desarrollo en todos los sentidos.