Un pacto de país
El presidente Luis Abinader ha convocado formalmente a todas las fuerzas vivas de la sociedad a un “Pacto de País” para la defensa de la soberanía.
La gravedad de la crisis política, social y económica de Haití, que es lo que motiva su llamado, entraña una grave amenaza a la seguridad y la integridad de nuestra nación.
Y un gobierno, sin el apoyo de las fuerzas representativas de la sociedad civil, no puede abordarla unilateralmente.
La idea del Presidente, esbozada ayer en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, es que se alcance un amplio acuerdo para la formulación de las políticas de Estado eficaces y coherentes en el manejo de la crisis haitiana.
Fundamental aspecto, de ese acuerdo, es discutir una agenda de plazos graduales para “enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales”.
En otras palabras, hacer valer la normativa del código laboral que establece una proporción de 80-20 en la composición del personal humano de las empresas, para evitar la contratación incontrolada de mano de obra ilegal haitiana, en desmedro de la local.
Mientras la norma sea letra muerta, miles de haitianos continuarán buscando insertarse en la economía nacional, lo cual, según dejó entrever el Presidente, genera una sobrecarga de servicios públicos esenciales perjudiciales a la población dominicana más vulnerable.
El Presidente ha propuesto un mecanismo de consulta permanente entre los actores políticos y nacionales, para “asegurar que las decisiones importantes o sensibles” en la relación con Haití y ante los poderes foráneos proyecten el más amplio consenso nacional.
Nadie duda que, en lo que concierne a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, hay sentimiento unánime en la sociedad dominicana.
Catalizarlo es posible a través del “Pacto de País” ofrecido por el presidente.
Ninguna fuerza viva debería de soslayar su apoyo a este llamamiento a la unidad nacional en momentos en que se han hecho visibles las presiones de la comunidad internacional para descargar el peso de esa crisis sobre nuestro país.
Por lo tanto, esta unidad es indispensable para trazar una línea firme y mayoritaria en la adopción de los mecanismos de respuesta a las amenazas que se ciernen sobre nuestra República, reales y ominosas, frente a un Haití colapsado y una comunidad internacional que no parece interesada en asumir responsabilidades.