Lo que se cierne sobre el país

Basta que un extranjero entre al país, legal o ilegalmente, y denuncie que tiene el temor de sufrir daños a su vida, su integridad y seguridad personal en su nación de origen.

Con este testimonio, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y su brazo operativo en el país, CONARE, esos extranjeros pueden adquirir la categoría de refugiados, concedidas por estas instituciones.

Una vez tipificados como tales, la República Dominicana tiene que asegurarles el derecho de acceso a los sistemas públicos de salud, educación, justicia, a un trabajo, emprender un negocio y practicar libremente su religión.

También tienen el derecho a adquirir la nacionalidad, a la libre circulación y a no ser devuelto a su país.

En el caso práctico de que un haitiano venga al país alegando que su vida corre peligro a causa de la violenta y sangrienta lucha entre las bandas armadas, o que el hambre y las epidemias pongan en riesgo su integridad, fácil le resultará ser catalogado como refugiado.

Y, en tal virtud, su destino queda obligatoriamente en manos del Estado dominicano, asumiendo este todas las obligaciones y asistencias a las que se hace acreedor por tal condición.

Oficializar la categoría de refugiados o de apátridas a esos extranjeros es lo que, en definitiva, persigue el nuevo proyecto de ley de trata, que va más allá de prevenir o castigar el ilícito tráfico de personas o de indocumentados.

Y, para impulsar esta estrategia, ya se han abierto las puertas para que la ACNUR haga un “plan piloto”, cuya finalidad es promover la protección a los refugiados, apátridas o expulsados de sus países, sea cual sea la causa.

Queda clarísimo que sobre este país pesa toda una estrategia destinada a convertirlo en un recipiente de “refugiados”, mayoritariamente haitianos, a los cuales tendrá que garantizarles medios de vida dignos, tal vez como nunca lo ha hecho el Estado con millares de empobrecidos y desafortunados dominicanos en su propio suelo de nacimiento.