La JCE en la horca presupuestal

Por nueva vez, la Junta Central Electoral (JCE) ha sido tratada en el reparto presupuestario como a la cenicienta a la que le exigen mucho, pero sin darle nada.

De 18,000 millones de pesos que ha solicitado para el 2023, año antesala de los comicios de 2024, apenas le aprobaron 8,011 millones.

De ese monto, los partidos políticos se llevan una tajada de 6,750 millones de pesos por las cuotas que les asigna la ley.

Y entonces la JCE queda poco menos que incapacitada financieramente para hacer frente a las tareas preliminares del montaje de las primarias de los partidos en 2023 y las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2024.

Encima de este inexplicable tratamiento a un organismo que forma parte del escudo de la democracia, como eje de la voluntad popular, el Congreso ha demorado la aprobación de las leyes de reforma, electoral y de partidos.

Sin esa reforma, la JCE se vería abocada a montar unos procesos electivos sobre bases legales gelatinosas, las mismas que en el pasado han sido fuentes de conflictos de legitimidad y transparencia.

Estas formas desdeñosas de un poder del Estado al debilitar financiera y operativamente a la JCE sólo conducen a un empobrecimiento de la democracia.

Y a que, con las bases legales existentes, es decir, sin regulaciones y sanciones para lo indebido, fluyan los dineros sucios en la promoción de candidaturas y la consiguiente entronización del crimen organizado en las estructuras del Estado, como ya ha pasado.