Seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana no es, sencillamente, la acción de prevenir o contener la delincuencia.
Una misión que, en lo esencial, ha correspondido a los organismos armados que velan por el orden público y la integridad del territorio.
La seguridad ciudadana, como sistema, es algo más que una simple respuesta a todo desafío a ese orden social que representa la paz y la tranquilidad.
Y ese sistema, como tal, no existe en el país.
Apenas hay un enunciado preciso en la Constitución cuando define el régimen fronterizo y establece como uno de sus pilares la seguridad de esa región, uno de los santuarios de nuestra soberanía.
Aunque la propia Constitución crea, en su artículo 258, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, como ente consultivo, no puede decirse que haya un organismo rector de la seguridad ciudadana.
Porque un actor fundamental, en ese sistema, si existiera, debería ser la ciudadanía misma.
Y, hasta donde la experiencia indica, los planes de combatir la delincuencia no involucran al ciudadano ni toman en cuenta otros factores que están estrechamente vinculados a las casuísticas del fenómeno.
Así que no pueden ser tan eficientes, en el tiempo, los operativos de control callejero si los vecindarios adolecen de buenos sistemas de iluminación, servicios públicos, así como de cercanía y sintonía con las autoridades.
La seguridad ciudadana es, pues, un sistema integral que no solo compromete a la autoridad policial o militar, sino a los habitantes, que también tienen que ayudar a la autoprotección de sus vidas y bienes.
“Mi país seguro”, que implementa el ministerio de Interior en algunos barrios de la capital y de provincias, luce ser el modelo que se aproximaría a un sistema integral de seguridad ciudadana.
Pero mientras no se generalice y se implante como sistema, los combates contra la delincuencia, los homicidios, el tráfico y consumo de drogas, serán episódicos y en muchos casos, insostenibles en el tiempo.
Crear el sistema debe ser una de nuestras más apremiantes prioridades.