El gobierno, amagó pero no dio
Mientras el gobierno no use todo su poder para hacer respetar la normativa del 80-20 en la contratación de trabajadores extranjeros, aquí no se detendrá la hemorragia de la migración ilegal de haitianos.
Consciente de que ese es el factor clave que anuda la solución del problema, el 21 de agosto de 2021 el presidente Abinader anunció en un Consejo de Gobierno en Mao, que haría aplicar la normativa.
El 28 de septiembre de 2021, el gobierno dio un plazo de tres meses para que el sector empleador acogiera la regla.
Vale recordar que esta regla la impuso el Código de Trabajo, lo que indica que su no cumplimiento la convierte en letra muerta.
Mientras los empleadores dominicanos puedan servirse con la cuchara grande de usar haitianos ilegales con salarios de miseria, sin seguridad social y sin contratos legales, de nada valdrán los controles fronterizos para disuadir su ingreso subrepticio al país.
Cuando los repatrian, retornan de inmediato, ¿y quién quita que exista un mecanismo de los mismos empleadores para recuperarlos, aunque sea al costo de pagar el peaje fronterizo?
En la medida en que persista esta flagrante violación a una norma establecida por el Código de Trabajo y reglamentada por la propia Ley de Migración, se perjudican las oportunidades de empleos de los dominicanos.
El gobierno tiene que hacer valer, por encima de todas las triquiñuelas que hagan los empleadores de haitianos ilegales, la cuota del 80-20, porque en el fondo es un desafío a su capacidad de hacer cumplir la ley.
No vale seguir gastando millones en operativos de repatriación mientras esa puerta giratoria esté activa, malogrando el objetivo primordial de dominicanizar el empleo, aspiración que tenemos desde hace más de 60 años.
Solo un zapatazo enérgico del Presidente puede ponerle fin a este relajo.