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EDITORIAL

El piso se nos mueve

Todos los progresos que ha hecho el país en su proceso de recuperación post-pandemia penden ahora del curso, cada vez más ominoso, de un Haití sumido en el caos total.

La situación allí se ha ido tornando más explosiva en la medida en que fuerzas políticas rivales, ya no propiamente los grupos delincuenciales armados, convocan abiertamente a la insurrección contra el gobierno de facto.

La frágil rampa sobre la cual se sostiene el primer ministro Ariel Henry está siendo estremecida por las protestas del líder del partido Pitit Dessalines, Moise Jean-Charles, y por las huestes del exprimer ministro Claude Joseph, que ayer llamó a movilización general para tumbar al gobierno.

Atenazado por estas presiones, el premierato parece estar viviendo horas extras, incapacitado para neutralizar a las bandas armadas sustentadas por el narcotráfico internacional y para contener, al mismo tiempo, una posible poblada alentada por los políticos de oposición.

Los impactos de esas confrontaciones se sentirán en el país de múltiples formas.

La masiva entrada de ilegales, tan alarmante que ha escandalizado a los alcaldes fronterizos y que hizo que el senador Antonio Marte dijera que “los haitianos tomaron el país sin tirar un tiro”, es una de esas consecuencias.

Ese éxodo, empujado por el hambre, la falta de alimentos y productos de primera necesidad, así como por la violencia, obliga forzosamente al gobierno dominicano a dar la prioridad a sus medidas de defensa territorial, más que a otras, por el momento.

Esa real amenaza a la seguridad nacional podría alterar la agenda que cumple el gobierno para aumentar la producción agrícola, crear empleos, garantizar paz y seguridad a turistas y ciudadanos dominicanos.

Y a decir verdad, esto crea un dilema, porque el gobierno dominicano no puede permitir que esas amenazas desestabilicen también a nuestro país, pero tampoco puede cargar a cuestas con la “solución haitiana”.

Una “solución” que necesariamente debe implicar una respuesta militar y luego otra política de parte de la comunidad internacional para intentar el objetivo de la pacificación y la institucionalización de ese país.

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