Opinión

No apaguen la llama de la libertad de prensa

El Índice de Chapultepec, el más depurado diagnóstico de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, ha colocado a la República Dominicana en la lista de nueve países con buenas notas en el respeto de esos derechos.

La evaluación, que comprende los años 2020 y 2021, refleja cómo el país salió de la categoría de naciones con restricciones parciales a otra de baja restricción, colocándose como la cuarta por debajo de Uruguay, Chile y Jamaica.

En gran medida, este avance es el resultado de una línea de respeto, desde el Estado, al ejercicio de estas libertades y al clima favorable creado por la anulación de piezas legales que pretendían reimponer peligrosas restricciones al trabajo de la prensa.

Los informes semestrales presentados ante la reunión de medio año y la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la República Dominicana reflejaron, en esos años, la existencia de un marco de respeto general que mereció los elogios de la SIP y otros organismos que vigilan estas libertades.

No obstante, de modo inesperado e inexplicable, caímos en el colmo: “Éramos muchos… y la abuela parió enano”.

Varios proyectos de ley entraron al ámbito del Congreso, emulando las tendencias controladoras y restrictivas de la libertad de expresión y de prensa, que implicaban un viraje en la positiva línea de conducta que venía primando de los dos años anteriores.

En un hecho sin precedentes, pero sumamente gravísimo, una institución oficial sustrajo el teléfono de una reportera del Listín Diario y borró la data privada de esta empresa, en el contexto de un atropello contra el Defensor del Pueblo y reporteros de varios medios durante una frustrada visita de inspección al viejo Canódromo, donde se retienen vehículos por causa de infracciones a las leyes del tránsito.

Hasta ahora no ha habido consecuencias legales sobre los responsables de ese brutal atropello porque parece que se han movido influencias para que eso quede impune.

En cuanto a los proyectos de leyes restrictivas, el presidente Luis Abinader ha designado una comisión para actualizar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, con claras señales en favor de que se mantenga el pleno respeto al ejercicio del periodismo libre.

Esa es la actitud correcta. El país no debe permitir que la llama de esta libertad se apague, porque sería el principio del fin de nuestra democracia.

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