Estado de emergencia ante el desafío de los delincuentes
Ante el descarado desafío que los delincuentes le han planteado a la autoridad, luce apremiante imponer un estado provisional de emergencia para combatir todas las amenazas a la paz y la seguridad ciudadana, alteradas hoy por el bandolerismo rampante.
El gobierno debe recuperar el control del orden en las calles, como se empeña en hacerlo el presidente Abinader al ordenar el despliegue de tropas militares para acompañar a la Policía en esa tarea.
Suponemos que con los niveles de inteligencia que existen, las autoridades disponen de mapas e informaciones de los principales enclaves de los delincuentes y traficantes de drogas para proceder, con estrategia, equipos eficientes bien armados y protegidos, a destruir los nidos de esos antisociales.
Toques de queda focalizados en esas zonas calientes pueden ayudar a estrechar cercos y desarmar a los delincuentes, que si lucen poseer armas modernas y alguna destreza militar para actuar como lo han hecho hasta ahora.
Como paso previo e inmediato, las autoridades deben apoderar al ministerio público para que libren órdenes de allanamientos a fin de que las fuerzas del orden activen la persecución y detención de los delincuentes, acompañadas por fiscales.
Los estados de emergencia se justifican en momentos como este, en que no hay garantías para la vida humana ni el desenvolvimiento de las actividades que dinamizan el quehacer económico y social de la sociedad.
El gobierno ni la sociedad pueden permitir que la delincuencia se entronice aquí como lo ha hecho en Haití y para evitar esto hay que apelar a decisiones corajudas y enérgicas en defensa del interés nacional, que ahora mismo es el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana antes que nada.