Cada quien que se cuide como pueda

Aparte de proveerse de sus propias fuentes alternativas de energía y de acopiar agua en cisternas o tanques, los ciudadanos también tienen que exprimir sus bolsillos para costear su propia seguridad y la de los vecindarios en los que residen.

Ante la insuficiencia de esos servicios y las adversas condiciones prevalecientes para poder coexistir, los ciudadanos han apelado a formas pragmáticas de solidaridad que les garanticen un mínimo de satisfacciones a sus necesidades primarias.

Con la espiral delictiva que sacude al país, habitantes en distintos barrios o residenciales han formado equipos de vigilancia e instalado sistemas de control de ingreso y videocámaras como parte de un andamiaje privado de seguridad, ya que no confían en la eficacia de las instituciones llamadas a tener el control de la fuerza y de la violencia.

Estas incapacidades son las que han permitido el rebrote de las pandillas barriales, como si esto fuera Haití, donde grupos de vándalos bien armados asaltan, matan y atemorizan a los ciudadanos sin que la Policía pueda con ellos.

Esas pandillas operan casi con los mismos códigos de la Mara Salvatrucha y otras bandas internacionales, en gran medida oxigenadas por el narcotráfico y el crimen organizado, y viven de la extorsión, de los “peajes” que cobran a los comercios, de los secuestros y los contrabandos.

Si se les deja que ganen cancha, en un futuro no muy lejano tendremos un país vapuleado por sus acciones temerarias y criminales, con la agravante de que en esa ola delincuencial también se han montado haitianos ilegales, según reflejan los registros judiciales y carcelarios del país.

La situación no está para contemplaciones por parte del gobierno. En circunstancias como estas, el Estado tiene que hacer sentir la descarga del martillazo de la autoridad sobre esos grupos delincuenciales, antes de que se nos haga muy tarde.