¡Exigimos justicia!
¿Qué más evidencias necesitan los investigadores del ministerio público para proceder, ejemplarmente, contra los autores de la brutal agresión al Defensor del Pueblo y varios periodistas en el viejo Canódromo hace un mes?
Lo que ocurrió allí, incomprensible e injustamente, fue un episodio vergonzoso en el que la autoridad del centro de retención de vehículos agredió física y verbalmente a una comisión de la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de sus funciones, buscaba explicaciones sobre numerosas anomalías denunciadas por el LISTÍN DIARIO en ese lugar.
Nuestros reporteros estuvieron entre los atropellados, con la agravante de que sus equipos fueron ilegalmente confiscados y posteriormente se descubrió que la data informativa privada de un teléfono de la empresa fue borrada en la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte, antes de su devolución formal.
Este solo hecho, que constituye una franca e inadmisible violación de la ley de delitos electrónicos, ha quedado todavía sin penalización de los culpables, a pesar de que todos los prolegómenos del atropello fueron registrados en videos y grabaciones, porque se produjeron a la vista de mucha gente.
Siendo ese un episodio en el que también se configuró un atentado a la libertad de prensa, consagrada por la Constitución y las leyes, es inexplicable que a un mes de ocurrido, la sociedad no tenga la menor idea del curso de las demandas radicadas ante la justicia por el propio Defensor del Pueblo y el canal de televisión CDN, víctimas directas de las golpizas, insultos y empujones de los agentes que custodian el centro de retención de vehículos.
Fuera del punto específico de las agresiones, falta por ver hasta dónde han llegado las investigaciones sobre las operaciones de una especie de mafia que negociaba con piezas sustraídas y vehículos confiscados que habrían convertido al viejo Canódromo en un auténtico antro de corrupción.
Exigimos pronta justicia y las debidas reparaciones morales a la sociedad de los culpables de este estropicio contra los derechos ciudadanos, la autoridad del Defensor del Pueblo y la libertad de prensa.