¿Qué más evidencias necesitan los investigadores del ministerio público para proceder, ejemplarmente, contra los autores de la brutal agresión al Defensor del Pueblo y varios periodistas en el viejo Canódromo hace un mes?

Lo que ocurrió allí, incomprensible e injustamente, fue un episodio vergonzoso en el que la autoridad del centro de retención de vehículos agredió física y verbalmente a una comisión de la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de sus funciones, buscaba explicaciones sobre numerosas anomalías denunciadas por el LISTÍN DIARIO en ese lugar.

Nuestros reporteros estuvieron entre los atropellados, con la agravante de que sus equipos fueron ilegalmente confiscados y posteriormente se descubrió que la data informativa privada de un teléfono de la empresa fue borrada en la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte, antes de su devolución formal.